¿Por qué Ecuador solicita a España no revelar declaración de alias Pipo?

La Fiscalía General del Estado (FGE) ha dado un paso firme en el tablero judicial internacional al solicitar formalmente a las autoridades de España que no se entregue el registro de la declaración judicial de Wilmer Chavarría, alias Pipo, a su equipo de defensa.

Chavarría, señalado como el principal cabecilla de la agrupación delictiva "Los Lobos", compareció ante la justicia española el pasado 25 de febrero en Zaragoza, tras su captura en Málaga en noviembre de 2025. En dicha diligencia, el procesado no solo negó su participación en el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, sino que lanzó graves acusaciones sin sustento contra el presidente, Daniel Noboa.

El "principio de especialidad" como escudo legal

La fiscal Ana Hidalgo, encargada de investigar la autoría intelectual del magnicidio de 2023, fundamentó la negativa en el principio de especialidad que rige la asistencia penal internacional. Según este concepto, la información obtenida mediante estos mecanismos debe ser utilizada exclusivamente para los fines procesales requeridos, evitando que las piezas judiciales se desvíen hacia otros intereses.

Pese a la insistencia del Ministerio Público ecuatoriano, la institución aclaró que la decisión final sobre la liberación de estos audios —solicitados por los abogados de Chavarría el 12 de marzo de 2026— recae sobre la justicia española y su normativa interna.

Estrategia de defensa y rechazo oficial

Durante su comparecencia, alias Pipo sostuvo una polémica tesis: afirmó que el crimen de Villavicencio fue orquestado desde el Ejecutivo para eliminar competencia electoral, basándose en supuestos diálogos con terceros vinculados al Ministerio del Interior.

Estas declaraciones fueron calificadas como "absurdas" por el ministro John Reimberg, quien aseguró que forman parte de una estrategia desesperada del procesado para frenar su extradición hacia Ecuador o Estados Unidos.

Avances en la ruta del magnicidio

Mientras se resuelve la situación de Chavarría en Europa, la tesis de la Fiscalía General del Estado mantiene el foco sobre una red de presuntos autores intelectuales. El expediente señala a Xavier Jordán y Daniel Salcedo, así como al exministro José Serrano y al exasambleísta Ronny Aleaga.

Según las investigaciones, la motivación del asesinato habrían sido las constantes denuncias de corrupción que Fernando Villavicencio sostenía contra este grupo, lo que presuntamente los llevó a contactar con organizaciones delictivas para ejecutar el atentado.