Fiscalía revela las tres filtraciones que sustentan el proceso contra la general Tannya Varela

Tres hechos concretos, presuntamente ocurridos entre 2021 y 2023, constituyen el eje de la investigación penal que se sigue contra la general inspectora en servicio pasivo Tannya Gioconda Varela Coronel y otros oficiales por el presunto delito de difusión de información de circulación restringida, relacionada con el caso León de Troya.

La instrucción fiscal se inició el 19 de diciembre de 2025. Según la fundamentación de Fiscalía, pese a que existía reserva legal y judicial sobre la investigación previa No. 130801821050133, información proveniente de ese expediente fue difundida en tres momentos claramente identificados.

Primer hecho: entrega de información en 2021

El primer evento ocurrió el 7 de julio de 2021, cuando, según Fiscalía, altos mandos policiales habrían entregado información reservada al entonces Presidente de la República (en ese momento era Guillermo Lasso el presidente).

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Para el Ministerio Público, ese acto se produjo cuando la investigación previa estaba protegida por reserva judicial, lo que impediría su divulgación fuera de los canales procesales establecidos.

Segundo hecho: remisión técnica en febrero de 2023

El segundo episodio se sitúa el 12 de febrero de 2023, fecha en la que un agente investigador habría remitido contenidos técnicos reservados a un tercero. De acuerdo con la tesis fiscal, se trataría de información obtenida dentro del proceso investigativo y que no podía ser difundida ni compartida sin autorización judicial.

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Tercer hecho: divulgación pública

El tercer hecho ocurrió el 13 de febrero de 2023, cuando esa información fue divulgada públicamente a través de un medio digital, ampliando su exposición y alcance. Para Fiscalía, esta publicación constituye el punto que consolida la posible materialidad del delito, al hacerse pública información sometida a reserva judicial.

El delito investigado

El proceso no analiza el contenido de la investigación original, sino la posible vulneración a la reserva judicial. El delito investigado es difusión de información de circulación restringida, tipificado en el Código Orgánico Integral Penal.

La norma sanciona a quien divulgue información protegida por reserva legal o judicial sin autorización. La pena prevista puede ir de uno a tres años de privación de libertad, dependiendo del grado de participación que se establezca.

Quiénes son los procesados

En la causa constan como investigados:

Durante la instrucción fiscal se han dispuesto diligencias técnicas, entre ellas la recolección y análisis de contenido digital, con el objetivo de determinar trazabilidad, posible extracción y transferencia de información reservada.

La Fiscalía deberá establecer si los tres hechos señalados constituyen una vulneración penalmente relevante a la reserva judicial y cuál fue la participación específica de cada uno de los investigados.