Jezdimir Srdan: Ecuador da luz verde a extradición del serbio en medio del escándalo
Corte aprobó la extradición de Jezdimir Srdan a Austria, pero el caso expone presiones, amenazas a jueces y una crisis institucional
Corte Nacional de Ecuador aprobó la extradición de Jezdimir Srdan a Austria.
La justicia ecuatoriana aprobó la extradición del narcotraficante serbio Jezdimir Srdan a Austria, una decisión que no solo marca un hito en su proceso judicial, sino que también reaviva una de las mayores crisis institucionales recientes en el sistema de justicia del país.
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La resolución fue adoptada por el presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez, quien estableció que Srdan podrá ser entregado al país europeo únicamente después de cumplir todas las condenas y procesos pendientes en Ecuador.
¿Por qué Srdan no saldrá de inmediato del país?
Aunque Austria lo requiere por un presunto intento de asesinato, el juez Rodríguez dispuso que la extradición se concrete solo cuando el procesado haya “cumplido íntegramente con las obligaciones y responsabilidades derivadas de los procesos penales que actualmente se tramitan en la jurisdicción ecuatoriana, sin que bajo ninguna circunstancia se disponga su libertad”.
En Ecuador, Srdan ya fue condenado a diez años de prisión por lavado de activos, en una sentencia emitida por un tribunal anticorrupción que terminó convirtiéndose en el epicentro del escándalo.
¿Cómo se desató la crisis judicial?
El nombre de Jezdimir Srdan se hizo público en diciembre pasado, cuando el juez anticorrupción Carlos Serrano denunció haber recibido presiones de un alto funcionario del Consejo de la Judicatura para favorecer al acusado. Según Serrano, las supuestas gestiones buscaban influir en la decisión del tribunal que debía resolver su caso.
Audiencia judicial de alto perfil bajo fuerte resguardo policial.
El señalamiento generó una ola de cuestionamientos dentro del sistema judicial, sobre todo porque se reveló que Srdan había sido defendido inicialmente por la esposa de Mario Godoy, presidente de la Judicatura. Aunque ella aseguró que abandonó el caso en noviembre de 2024, el vínculo encendió las alarmas sobre posibles conflictos de interés.
Jueces amenazados y renuncias
Tras dictarse la condena, Serrano denunció amenazas contra su vida. Al no contar con resguardo policial, optó por renunciar a su cargo, lo que agravó aún más la percepción de vulnerabilidad en la función judicial.
Otros diez jueces anticorrupción elevaron una queja formal ante la Judicatura, señalando precariedad laboral y falta de protección para ejercer su trabajo en casos de alto riesgo.
¿Qué dijo la ONU sobre el caso?
La relatora especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, expresó su preocupación por la seguridad de los magistrados y recordó al Estado ecuatoriano su deber de protegerlos. En su pronunciamiento subrayó la obligación de garantizar “la integridad personal de los funcionarios judiciales y adoptar medidas para asegurar su derecho a la vida”.
Impacto político: Godoy y Suing bajo presión
El caso trascendió el ámbito judicial y se instaló en el escenario político. Seguidores del expresidente Rafael Correa pidieron la renuncia de Mario Godoy e impulsaron un juicio político en su contra, acusando al Gobierno de Daniel Noboa de protegerlo.
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Ante la presión pública, el propio Noboa recomendó que Godoy se defienda “fuera de su cargo”, mientras que el movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) permitió que avance el proceso para una eventual censura.
La crisis también alcanzó al entonces presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Suing, quien presentó su renuncia tras ser cuestionado por no pronunciarse con firmeza frente a las denuncias y por haber propuesto a Godoy como titular de la Judicatura.
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