Noboa afirma que alias Viche está detenido, pero ya fue liberado al día siguiente

Pese a que el presidente Daniel Noboa afirmó públicamente que alias Viche se encontraba privado de libertad, el ciudadano identificado como Franco Cedeño Vicente Bienvenido recuperó su libertad el 25 de enero de 2026, apenas un día después de haber sido detenido en el aeropuerto Mariscal Sucre, en Quito.

La situación generó cuestionamientos luego de que el propio mandatario incluyera su nombre entre presuntos cabecillas del narcotráfico que, según el Gobierno, ya estaban bajo custodia de las autoridades.

A través de su cuenta en la red social X, el presidente Daniel Noboa sostuvo que las investigaciones del Estado evidencian el carácter transnacional del narcotráfico, con operaciones que se extienden desde países vecinos hacia Ecuador.

En ese mensaje, el jefe de Estado aseguró que alias Pipo, Fénix y Viche se encontraban “tras las rejas” y los vinculó con estructuras criminales de origen colombiano. Sin embargo, el caso de alias Viche tomó un rumbo distinto al señalado en el discurso oficial.

¿Quién es alias ‘Viche’?

De acuerdo con información policial, alias Viche corresponde a Franco Cedeño Vicente Bienvenido, cuyo nombre ya había aparecido en abril de 2024 dentro de un listado de presuntos integrantes de organizaciones delictivas difundido por el Gobierno Nacional. Dichas publicaciones fueron eliminadas posteriormente.

El individuo registra una sentencia por narcotráfico dictada en 2014 y acumula antecedentes por tenencia de armas, ingreso de objetos prohibidos a un centro penitenciario de Ibarra, receptación, robo e intimidación, según los archivos judiciales.

La aprehensión de Cedeño Vicente Bienvenido se produjo el 24 de enero de 2026, cuando arribó al aeropuerto Mariscal Sucre en un vuelo procedente de Bogotá. Durante el control migratorio, presentó una fotocopia en blanco y negro de su cédula ecuatoriana, lo que despertó sospechas entre los agentes.

Tras verificar su historial, el personal de Migración detectó que no constaba ningún registro de salida legal del país y que su único movimiento migratorio correspondía a una entrada registrada en septiembre de 2012.

Impedimento de salida y documentos irregulares

Las autoridades también confirmaron que sobre el ciudadano pesaba un impedimento de salida del país vigente desde febrero de 2010, emitido por un juzgado de Quito, aunque sin detallar el proceso que lo originó.

Durante la revisión, se encontraron en su poder dos documentos de identidad adicionales, uno colombiano y otro venezolano. En ambos figuraba con el nombre de Carlos Humberto Téllez, nacido en el estado Táchira, Venezuela, lo que reforzó las sospechas sobre el uso de identidades alternas.

Tras su detención, alias Viche fue puesto a órdenes de un juez de flagrancia por agentes de la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional.

Según el parte policial, el procesado aseguró que viajó a Colombia para asistir a una exhibición de gallos de pelea. Además, reconoció que conocía el impedimento de salida del país y que, por ese motivo, no registró formalmente su salida en los controles migratorios.

El delito imputado y la decisión judicial

Durante la audiencia, el fiscal Francisco Vega formuló cargos por el delito de incumplimiento de una decisión legítima de autoridad competente, una infracción que puede ser sancionada con hasta tres años de prisión, de acuerdo con el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

No obstante, la Fiscalía no solicitó prisión preventiva, y el juez dispuso únicamente medidas alternativas, entre ellas la obligación de presentarse semanalmente ante la autoridad judicial y la prohibición de abandonar el país.

Pese a las restricciones impuestas, el caso dejó en evidencia la facilidad con la que Franco Cedeño Vicente Bienvenido logró salir previamente de Ecuador, aun cuando existía una prohibición judicial vigente desde hace más de una década.

La liberación del procesado contrasta con el anuncio presidencial y reabre el debate sobre la eficacia de los controles migratorios, la coordinación entre instituciones y la aplicación de medidas cautelares en casos vinculados al crimen organizado.