El plan de 'El Gringo' para evadir la cárcel tras el crimen de periodistas de El Comercio

El 26 de marzo de 2018 quedó marcado como una de las fechas más oscuras para el periodismo ecuatoriano. 

Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, integrantes del equipo del diario El Comercio, fueron secuestrados en la frontera de Esmeraldas mientras buscaban documentar la violencia en la zona. Lo que siguió fue un desenlace atroz: su ejecución en cautiverio a manos del frente ‘Oliver Sinisterra’, bajo el mando del entonces temido alias ‘Guacho’.

De acuerdo con una investigación de El Tiempo de Colombia, el proceso judicial ha dado un giro crítico con el caso de Carlos Arturo Landázuri Cortés, conocido como ‘El Gringo’. 

Este sujeto, identificado como la mano derecha de ‘Guacho’, se ha convertido en el nuevo "dolor de cabeza" de los tribunales. Tras su detención en enero de 2024, ha intentado en dos ocasiones recuperar su libertad, alegando fallas en el debido proceso y cuestionando su medida de aseguramiento.

Este sujeto fue capturado por las fuerzas de seguridad de Ecuador y entregado a las autoridades colombianas.

Tesis del canje y la ejecución

El expediente revela detalles escalofriantes sobre los últimos días de los comunicadores. Según la sentencia del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pasto, citada en la investigación de El Tiempo, el equipo fue trasladado a Colombia bajo engaños con un fin específico: servir como moneda de cambio por tres disidentes capturados en Ecuador.

"El secuestro se prolongó hasta abril de ese mismo año, cuando el grupo armado informó mediante comunicado que los había ejecutado ante la falta de acuerdo con el gobierno ecuatoriano y debido a la presión de las autoridades", reza el documento judicial. 

La orden final de la matanza, perpetrada en la vereda El Coco, cerca de Tumaco, provino directamente de ‘Guacho’, pero los testimonios de excompañeros de armas señalan a ‘El Gringo’ como una pieza clave en la logística del traslado y el entierro de los cuerpos en fosas clandestinas.

Pulso por la libertad

La defensa de Landázuri Cortés ha apelado su reclusión, argumentando que se vulneró su derecho a la defensa porque en una de las audiencias no estuvo su abogado de confianza por incapacidad médica, siendo reemplazado por un defensor público. No obstante, el sistema judicial colombiano mantiene una postura firme.

La representación de las víctimas ha sido enfática en que liberar a ‘El Gringo’ representa un peligro inminente para la sociedad y para el éxito de la investigación, dada su jerarquía dentro de la estructura criminal. 

El Juzgado ratificó esta preocupación, señalando que existen pruebas y testimonios suficientes para vincularlo no solo como miembro activo, sino como un líder que dio órdenes específicas tras el homicidio del equipo periodístico.

A ocho años de la tragedia, el proceso contra ‘El Gringo’ se erige como el último bastión para encontrar justicia por un crimen que sacudió los cimientos de la libertad de prensa en el continente.