Reordenamiento en marcha: La Roca alberga a internas de alta peligrosidad

En abril de 2026, el Estado ecuatoriano marcó un giro en su política penitenciaria. La Roca, una prisión concebida originalmente como recinto de máxima seguridad para hombres, fue destinada a albergar a mujeres consideradas de alta peligrosidad.

El traslado de 62 internas provenientes de nueve cárceles del país no solo implicó un cambio en el uso de la infraestructura, ubicada en el kilómetro 17 de la vía a Daule, en Guayaquil, sino que envió una señal de reorganización del sistema carcelario, que arrastra una crisis estructural desde al menos 2021.

La decisión se ejecutó semanas después de que entrara en operación plena la Cárcel del Encuentro, el nuevo centro de máxima seguridad ubicado en Santa Elena, diseñado para concentrar a los internos -principalmente hombres- considerados de mayor riesgo y liderazgo criminal.

Este contexto abre una pregunta de fondo: ¿se trata de una estrategia sostenida de reforma o de una respuesta reactiva frente a la violencia, las fugas y el debilitamiento institucional?

La Roca: símbolo y contradicción

Construida en 2008, La Roca fue concebida como un símbolo del control absoluto del Estado sobre el sistema penitenciario. Sin embargo, su historial está marcado por episodios que erosionaron esa narrativa, entre ellos la fuga de 18 reclusos en 2013, varios de los cuales posteriormente se consolidaron como líderes del crimen organizado.

Ese antecedente convirtió a La Roca en un emblema ambivalente: oficialmente, una cárcel de máxima seguridad emblemática; socialmente, un recordatorio de las fallas en el control penitenciario. Entre 2021 y 2024, Ecuador registró cerca de 500 fugas de personas privadas de libertad, incluso bajo estados de excepción y procesos de militarización, según cifras del SNAI.

Dudas sobre cambios estructurales

Para Mario Pazmiño, director para América Latina del Security College y exdirector de inteligencia, los cambios no son estructurales. Sostiene que no existen avances sustanciales en infraestructura y cuestiona la operación de la Cárcel del Encuentro, ya que es el mismo personal del SNAI trasladado desde otros centros el que la administra, lo que -a su criterio- no garantiza resultados efectivos.

Hasta 2026, Ecuador no contaba con una cárcel de máxima seguridad diseñada específicamente para mujeres. Las internas vinculadas a organizaciones criminales, lavado de activos, extorsión o delitos de alto impacto convivían en centros que no diferenciaban perfiles de riesgo, una omisión que -según especialistas- permitió la reproducción de estructuras delictivas desde cárceles femeninas.

La criminóloga Ivanna Ramírez, investigadora en derecho penal, explica que la ausencia de segmentación por niveles de peligrosidad “replicó errores históricos del sistema penitenciario masculino y dejó intactas redes de mando indirecto”.

Nuevos perfiles de peligrosidad

Entre las 62 mujeres trasladadas a La Roca figuran perfiles diversos: condenadas por asesinatos de alto impacto, procesadas por lavado de activos, personas vinculadas a líderes del crimen organizado e incluso exfuncionarias judiciales sentenciadas por delincuencia organizada.

Este perfil diverso refleja un cambio conceptual en la política penitenciaria, donde la peligrosidad ya no se define únicamente por la violencia directa, sino también por la capacidad de influencia, articulación y control criminal.

Pazmiño insiste en que las medidas actuales no atacan el núcleo del conflicto y advierte que el problema del sistema carcelario solo se resolverá mediante una reingeniería integral, no con acciones aisladas ni con la creación de pequeños centros de alta seguridad. A su criterio, la crisis persiste en los demás centros de privación de libertad, que siguen siendo los principales espacios de operación del crimen organizado.

¿Redistribución o solución?

La apertura de la Cárcel del Encuentro permitió liberar La Roca y redefinir su función. El nuevo esquema apuesta a una separación funcional clara: El Encuentro concentrará a hombres considerados líderes de organizaciones criminales; La Roca, a mujeres de alto valor estratégico.

La politóloga Katherine Herrera Aguilar, especialista en seguridad y defensa, advierte que “redistribuir internos sin reformar el gobierno carcelario solo cambia el lugar del problema”. El riesgo, coinciden expertos, es que la crisis no desaparezca, sino que simplemente se redistribuya.

Mujeres de alta peligrosidad: un vacío histórico

Entre las internas trasladas a La Roca se encuentran mujeres vinculadas a casos mediáticos y a organizaciones criminales del país. Simuy Lozano Salabarria, conocida como La Barbie del Sur, fue condenada por el intento de asesinato de la modelo Angie Silva. El ataque ocurrió el 28 de junio de 2015, en los exteriores de una discoteca de Guayaquil.

Andreína Lamota Solís fue sentenciada a 40 años de prisión por el asesinato de su madre, Martha Solís. Por su parte, Diana Carolina González Arreaga, modelo e influencer de 27 años, fue detenida el 10 de marzo por su presunta vinculación con una banda dedicada a extorsiones en Machala.

Entre las trasladadas también figura Verónica Narcisa Briones Zambrano, pareja sentimental de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito.

Además, constan Carmen Yolanda Usca Paguay, Blanca Yesenia Gómez Bajaña y Karla Fernanda Mera Méndez.