TCE suspende a Revolución Ciudadana por nueve meses por investigación de presunto lavado de activos
La medida provisional fue dictada tras un pedido de la Fiscalía dentro del caso denominado Caja Chica. ¿Qué más se sabe? Conoce los detalles
Luisa González se pronunció tras allanamientos en Guayas y Pichincha.
El Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador (TCE) dispuso la suspensión provisional del movimiento político Revolución Ciudadana por un periodo de nueve meses del registro de organizaciones políticas que administra el Consejo Nacional Electoral de Ecuador (CNE).
La decisión se tomó dentro de una causa abierta a partir de un pedido de la Fiscalía General del Estado de Ecuador, en el marco de una investigación previa relacionada con un presunto esquema de delincuencia organizada con fines de lavado de activos.
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Investigación conocida como Caja Chica
Según consta en el expediente judicial, la Fiscalía informó al tribunal sobre la existencia de una investigación que supuestamente involucraría al movimiento político, identificado como lista 5, así como a algunos de sus directivos y a otros ciudadanos.
El caso ha sido denominado Caja Chica por el Ministerio Público y se centra en la presunta utilización de estructuras organizadas para el manejo irregular de recursos.
Base legal para la suspensión
Luisa González se pronunció tras allanamientos en Guayas y Pichincha.
El pedido fiscal se sustenta en el artículo 374 numeral 3 del Código de la Democracia, que establece la posibilidad de sancionar a organizaciones políticas cuando el fiscal general informe sobre la existencia de una investigación por lavado de activos que involucre directamente a un movimiento político.
Tras revisar la solicitud, el juez electoral resolvió admitir a trámite la denuncia presentada por la Fiscalía y ordenar como medida provisional la suspensión del movimiento en el registro permanente de organizaciones políticas.
Duración de la medida
El auto judicial precisa que la suspensión tendrá inicialmente una duración de nueve meses.
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Sin embargo, la normativa electoral ecuatoriana contempla que este tipo de sanciones puede extenderse hasta un máximo de 24 meses, dependiendo de la evolución del proceso judicial y de la gravedad de los hechos investigados.
El tribunal dejó claro que la decisión tiene carácter temporal y puede ser revisada durante el desarrollo del proceso.
La suspensión podría levantarse de forma inmediata si cambian las circunstancias que motivaron el pedido de la Fiscalía, por ejemplo, si la investigación es archivada, concluida o si el Ministerio Público retira su solicitud.