Tras el escándalo desatado por una serie de abusos sexuales contra decenas de niños en manos de sus profesores en varias unidades educativas del país, se hace necesario y urgente hacer las siguientes puntualizaciones. Es inadmisible que estos casos se hayan manejado de una manera tan negligente -por decirlo menos- por parte de las autoridades, ya que los padres, según han dicho, habían denunciado las agresiones a su debido tiempo. Sin embargo, las respuestas fueron esquivas y el procedimiento absurdo, puesto que muchas quejas se quedaron en el ámbito administrativo, es decir, dentro de las escuelas, sin que trascendieran a lo penal, donde debían estar. Mientras los relatos de estas tragedias se traspapelaban en trámites burocráticos, nuestros niños seguían sufriendo abusos por parte de quienes se supone que debían educarlos. Si es cierto que los rectores amenazaban a los familiares con tomar medidas si hacían públicos los abusos, pues entonces ya hemos tocado fondo. Lo peor de todo es que este tema no acabará con una simple sentencia, sino que el problema continuará. Son más de cien víctimas, cuyas vidas estarán marcadas para siempre por la violencia sexual. No puede ser que no existan filtros en la contratación de los profesores y que se los ubique solo para llenar los cupos. Por eso, todas las autoridades del ramo deben rendir cuentas por esta pesadilla, hasta las que ya dejaron sus puestos. Si nos importan tanto los niños, hagamos que los culpables respondan por sus actos, sin banderas políticas ni discursos demagógicos.