De escándalo en escándalo

Era un secreto a voces que tarde o temprano iba a estallar. En los pasillos de la Asamblea se comentaba que algunos legisladores pedían ‘aportes’ económicos a sus asesores a cambio de mantenerlos en sus puestos de trabajo.

Al parecer, esta era una práctica frecuente en los círculos del poder para garantizar una especie de estatus político destinado solo para los elegidos.

Tras la escandalosa revelación, no faltaron quienes culparon a los medios de comunicación por recoger informaciones “infundadas” acerca de un tema demasiado delicado como para dejarlo en la percha.

Pero del simple chisme político se pasó a la denuncia documentada. Resulta que el dinero exigido no solo era destinado para las organizaciones partidarias, sino también para pagar las cuentas de alimentación, combustible y otros ítems de sus jefes inmediatos. Como no pudieron contener esta olla de grillos, a los legisladores no les quedó otra opción que exhortar a los perjudicados a que denuncien formalmente los casos concretos para no enlodar a los 137 padres y madres de la patria. Incluso la propia presidenta del Parlamento acudió a la Fiscalía a pedir que se investigue esta práctica ilegal y, además, a presentar una denuncia sobre presuntos descuentos indebidos a los empleados.

Si bien es cierto que no se debe generalizar, tampoco es correcto que la ciudadanía se quede con la duda de que el asambleísta a quien eligió en las urnas se dedicaba a cobrar emolumentos reñidos con la ley. Eso sí, no puede ocurrir.