Todo esto ocurrió en su propio colegio y, en ese entonces, ni el sistema educativo o de justicia del país hicieron algo para castigar al culpable. Petita no se rindió y, tras 18 años, logró que la CorteIDH emitiera un fallo histórico, en el que declaró culpable al Estado por la violencia y abuso sexual sistemático que sufrió su hija.

Esto derivó en las disculpas públicas, y, entre otras medidas, la declaratoria del Día de la Lucha contra la Violencia Sexual en el Ámbito Educativo, cada 14 de agosto.
Pero no solo eso, la sentencia también obliga a que el Estado garantice que esto no se repita. ¿Cómo lo hará? Es lo que la ciudadanía desea saber, porque debe garantizar los derechos humanos de las niñas y mujeres. Y no fallarles nuevamente.

El Estado está obligado a buscar mecanismos para erradicar todas las formas de violencia en un sistema que, según el presidente Lenín Moreno, arroja 1.900 denuncias de abuso por año en las aulas. Ojalá que todo el dolor sufrido por la familia de Paola no se quede en papeles ceremoniosos.