¿Un mal sin remedio? Esa cortina colocada por el Estado sobre los centros de privación de libertad se ha vuelto a caer para mostrar la sangrienta realidad de los últimos dos años: la muerte de 15 reclusos en la cárcel Cotopaxi y que el Gobierno nunca ha tenido el control de estos recintos.

Ecuador tiene 36 prisiones que albergan a más de 32.000 privados de libertad, y en algunas de ellas han sido asesinados desde 2020 más de 400 reos en diferentes enfrentamientos entre bandas criminales rivales que se disputan el control interno de los centros carcelarios.

Todos los ‘tratamientos’ aplicados por el Gobierno para frenar la violencia en el interior de las cárceles no han dado resultados.

El control de los territorios para la distribución de drogas y los nexos entre narcotraficantes con empresarios y políticos siguen manejándose adentro como si nada. Hace rato tocamos fondo.

Esto va más allá de la falta de una política integral de rehabilitación social, nunca se ha cortado la vía libre a la corrupción que permite que los privados de libertad accedan a celulares, armas y diversos sistemas de comunicación.

El Estado tiene el deber jurídico de adoptar medidas que garanticen derechos a la vida, integridad personal y seguridad de personas bajo su custodia, pero también a actuar con firmeza.