Editorial: Vigilantes con ínfulas de dueños
La intervención de la Superintendencia de Compañías en Granasa enciende alertas sobre seguridad jurídica, derecho de propiedad y presión al sector productivo
Esto no va de una sola empresa ni de un caso aislado. Es una señal peligrosa para el sector productivo. Cuando una entidad creada para vigilar empieza a comportarse como dueña, el problema deja de ser administrativo y se vuelve político y económico.
La Superintendencia de Compañías parece haber confundido su rol. En lugar de limitarse a controlar que se cumpla la ley, intentó meter mano en la administración de acciones que no le pertenecen, con una movida difícil de justificar: nombrar un nuevo liquidador en una empresa que lleva años en liquidación voluntaria y luego pretender que acciones devueltas legalmente a su propietario vuelvan al control estatal.
En el caso de Granasa, la situación fue todavía más delicada. Detrás de la decisión se asomó una voluntad difícil de ocultar: intervenir desde adentro en su línea editorial, luego de que los intentos por doblegarla desde fuera no prosperaran. El nombre propio importa, pero no es el fondo del asunto.
Lo realmente grave es el mensaje que queda flotando: la fragilidad de la seguridad jurídica y la amenaza directa al derecho de propiedad. Cuando se cruza ese límite, ningún empresario debería sentirse tranquilo. Hoy fue uno; mañana puede ser cualquiera que incomode.