Editorial: cámara oculta en Carondelet

Como algo insólito en la historia del país, el jefe de Estado denuncia que encontró una cámara secreta en su despacho presidencial, que estaba encendida. Sería la primera vez que alguien coloca una cámara para grabar al presidente de la República.

Ese descubrimiento motivó una mezcla de ira y cínico humor. Correa desafió a que se pruebe el asunto y si se prueba ha dicho que él iría a la cárcel, pero si no se prueba el presidente actual debe renunciar.

Un suceso de tal magnitud no puede tratarse con liviandad. Recordemos que un hecho de menor importancia produjo, en el sistema norteamericano, la renuncia del presidente Nixon.

Lo ocurrido aquí es de mayor gravedad que el simple espionaje entre partidos políticos. Aquí se estaría espiando al mismo jefe de Estado. Y si se comprobara la injerencia del exgobernante, debería ser sometido al proceso penal correspondiente.

Pero eso es de injerencia privativa de la justicia. Y allí tiene que radicarse el asunto y esperar que no sea, como se presume lo que ha ocurrido con esa cámara secreta.

Porque si ha ocurrido como se dice, estamos todos, y especialmente los altos funcionarios, sometidos a una pesquisa inaceptable en un país que tenga como justa norma la moralidad pública.