La Contraloría General del Estado está destapando situaciones que en la anterior Administración se trataron de ocultar en favor de la impunidad de los responsables de delitos públicos. Ha intervenido en el IESS, cuya situación económica es muy grave, con cálculos actuariales que determinan que, en los dos próximos años, la institución podría entrar en una situación de virtual desfinanciamiento que impida atender a todo un universo de afiliados y jubilados.
De esta suerte, la Contraloría, luego de los exámenes sobre la situación de sus disponibilidades, ha dispuesto sanciones severas, de destitución y especialmente contra el actual presidente del directorio, además de otros 18 funcionarios que, durante la década pasada, permitieron el virtual saqueo de las arcas del IESS por el Ejecutivo y negaron las enormes deudas, ahora al descubierto, que el Gobierno anterior mantenía con el instituto de protección social.
Sin embargo, el máximo responsable en este affaire, según la ley, tiene 30 días laborables, contados desde el 17 de octubre, para presentar ante la Contraloría sus descargos frente a los incumplimientos en el registro de una enorme deuda con el Estado. Se espera que las anunciadas sanciones sean aplicadas.