El año pasado fue una época dura para el mundo con la aparición de la COVID-19. A todos tomó por sorpresa aquel enemigo invisible que terminó con miles de vidas. En Ecuador, cada municipio adoptó sus propias medidas con sus recursos para prevenir en algo el aumento de contagios durante la pandemia y disminuir el número de ingresos de pacientes que desbordaban los hospitales y clínicas en esa época.

El alcalde capitalino, Jorge Yunda, trajo más de 100.000 pruebas PCR en circunstancias pocas claras en “beneficio del pueblo quiteño”. Pero después de algunas investigaciones de la Fiscalía, aparentemente se procedió de manera ilícita en su adquisición. A esto se le suma la participación de su hijo en ciertos procesos de compras públicas del ente local en donde el joven cantante se benefició económicamente, según los chats telefónicos descubiertos por la Policía. Padre e hijo compartiendo un mismo dilema, ¿culpable o inocentes? Lo que estaba claro es que todos estos contratos en tiempos de pandemia fueron la mejor excusa para saltarse procesos administrativos y legales con la excusa de la “emergencia”.

Queda en manos de la justicia ecuatoriana descubrir la verdad de lo sucedido y así ejecutar una sentencia acorde con la ley. Yunda fue removido de su puesto de burgomaestre por peculado momentáneamente mientras él busca por todos los medios demostrar lo contrario. Jugar con la salud y bienestar de un pueblo no tiene precio y merece el mayor de los castigos.