El anuncio de una movilización indígena y campesina, que amenaza con caotizar al país como ocurrió en el 2019 y el 2022, debe ser rechazada por la sociedad, porque la soberbia de un dirigente no puede atropellar los derechos de todos.

La población ya sufre demasiado con la inseguridad y los constantes daños viales, que aíslan territorios y ahuyentan a los turistas, para tolerar una paralización que traerá consigomás pobreza, problemas e intranquilidad.

Las autoridades locales y las cámaras de la producción deben salir a rechazar un levantamiento que tendráletales consecuencias para el país por las descomunales pérdidas económicas que provocará, incluso en las comunidades indígenas, que verán podrirse en sus huertos los productos que tanto les ha costado cultivar.

La Fiscalía también debe actuar contra quienes paralicen los servicios públicos y generen el caos para beneficiar solo sus intereses políticos y que no representan a la totalidad de la sociedad ecuatoriana.

El pueblo no puede seguir pagando el altísimo costo de las protestas. El país no aguanta más paralizaciones para satisfacer egos personales e intereses de quienes intentan llegar al poder a través del caos porque no lo consiguieron en las urnas.