Es indudable que uno de los actos de corrupción que ha generado enorme escándalo es el que en la actualidad recae sobre el alcalde de Quito, Jorge Yunda, quien está sometido a medidas cautelares por la justicia, con la obligación de llevar un delator grillete electrónico que lo monitorea, por la adquisición, al parecer fraudulenta, de pruebas para la COVID-19.

Y ahora aparece el sensacional descubrimiento de los chats en el teléfono celular de su hijo en los que quedan ‘al desnudo’ aparentes negociados, gestión de ofertas, compras y contactos con proveedores, aprovechando el poder de su padre.

Yunda trata de defenderse a través de la presunción de inocencia a la que tiene derecho todo ciudadano acusado de algún delito. Y aduce, con el viejo eslogan de las figuras públicas acusadas de malos manejos en sus funciones, que se trata de un nuevo caso de “persecución política”.

Esta forma de tratar de detener el alud de acusaciones no es por supuesto original y ya se han dado varios casos en que se usa tal argumento ante la desconfianza de la mayoría.

La situación del alcalde ha llegado a tal grado de escándalo, no solo local, también nacional, que desde el propio Cabildo se ha pedido su inmediata renuncia y también se plantea su destitución. Y esto no es una broma.