Los asesinatos de funcionarios públicos, víctimas de la violencia criminal y de corrupción que azota al país, van camino a la impunidad porque ni el Ministerio Público ni la Policía están haciendo lo suficiente y necesario para descubrir los motivos y sus autores materiales e intelectuales.

El hecho de que una parte de las víctimas trabaje o haya laborado para los gobiernos locales o sus empresas públicas, debe encender las alertas sobre la debilidad y vulnerabilidad que existe en la administración pública, que no se salva de la infiltración de la delincuencia organizada.

La experiencia de otros países hace sospechar que en Ecuador, los municipios y las prefecturas también son un punto de ataque de las organizaciones criminales que buscan de todas las formas acceder a las áreas de información de su interés, para el lavado de activos a través de la contratación pública.

Los crímenes también pueden convertirse en mensajes de terror para los servidores públicos, para obligarlos a ejecutar prácticas ilegales camufladas en obra pública o prestación de servicios. Urgen las investigaciones de los asesinatos de servidores públicos, para descubrir quiénes están detrás de las acciones criminales y detectar sus intenciones.