Ser, no solo parecer. En tiempos en que la credibilidad y la palabra de los políticos están devaluadas, que más de 200 candidatos a la Asamblea Nacional tengan o hayan tenido procesos penales confirma el rechazo del pueblo hacia la clase política, que busca cobijarse bajo la impunidad electoral.

Por ejemplo, cuatro aspirantes a legisladores, investigados por el caso Triple A, de ser hallados responsables no serían procesados porque la instrucción fiscal caducará antes de la proclamación de los resultados de las elecciones generales de este domingo 9 de febrero. Está claro que el uso del artículo 108 del Código de la Democracia, que establece que una persona no puede ser detenida ni procesada desde el momento de la calificación de su candidatura, es una ‘puertota’ abierta para que toda clase de deshonestos, aprovechando la avalancha de candidatos, se cuelen en la Función Legislativa.

Deben implementarse cambios profundos y sostenibles en la legislación electoral y en la supervisión de las candidaturas para evitar este tipo de ‘sorpresas’. Solo con un sistema electoral más transparente y una mayor exigencia en los requisitos de elegibilidad será posible recuperar la confianza de la ciudadanía y garantizar que los aspirantes que lleguen a la Asamblea Nacional estén verdaderamente comprometidos con el bienestar del pueblo.

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