Alausí todavía cura sus heridas por el deslave que sepultó 33 vidas -55 personas desaparecidas- en una desgracia que bien pudo evitarse. Ha pasado más de una semana y entre lamentos, lágrimas, labores de rescate y muestras de solidaridad de los ecuatorianos, las autoridades, a los que los alauseños llamaron la atención desde diciembre del año pasado para que tomen las acciones técnicas preventivas, siguen campantes, mirando hacia otro lado, luego de lanzarse la pelotita con otros organismos estatales.

Las acusaciones de negligencia entre pobladores, autoridades cantonales, provinciales y nacionales se ha diluido con el pasar de los días y, como muchas otras cosas en el país, quedan en el olvido y los responsables pasan de agache.

¿Ecuador cuenta con una adecuada gestión de riesgos? La respuesta está en la lentitud con la que se previenen los desastres, pero también en la falta de control de construcciones en zonas donde existen fallas geológicas o son susceptibles de deslizamientos, escenarios propicios para que los desastres se concreten.

El país sigue sin aprender las trágicas lecciones que dejó el terremoto de Pedernales, en 2016, donde quedó en evidencia la ausencia de estudios técnicos en la construcción de viviendas, pobre calidad de materiales e incorrecto uso de elementos. Aquí también las autoridades pasaron de agache.