La protección de la corrupción
De poco sirve que un exministro de Hidrocarburos narre con lujo de detalles, ante una comisión legislativa, el modus operandi de la red de corrupción con la que le robaron millones de dólares al Estado, a través de la compra de combustibles y la venta de petróleo a China y Tailandia, si los tribunales de justicia superiores anulan las sentencias cuando se creía que finalmente se había aplicado la justicia a los corruptos.
Que el también exgerente de Petroecuador cuente ahora ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea que el presidente y el vicepresidente de la República, además del fiscal y el contralor de este entonces, sabían de la corrupción en la petrolera estatal, no aporta a los procesos cerrados y tampoco a los anulados.
Los operadores de justicia, entiéndase jueces y fiscales, llevan años gastando tiempo y recursos del Estado para imponer sentencias que vuelven a cero porque las defensas de los corruptos prueban el irrespeto al debido proceso y el derecho a la defensa. Cabe la sospecha de que todo se hubiese hecho para al final lograr ese resultado.
El país no puede seguir tolerando trampas jurídicas con las que se busca la impunidad de quienes han saqueado las arcas públicas y viven cómodamente en el exterior con lo robado.