Catrina Tala denuncia allanamiento de sus oficinas y habla de persecución institucional

La periodista Catrina Tala denunció este 19 de enero de 2026 que las oficinas de su empresa fueron allanadas por autoridades, en un hecho que —según afirmó— no es aislado ni fortuito, sino parte de una persecución institucional en su contra.

A través de un pronunciamiento público, Tala sostuvo que el allanamiento ocurrió pocos días después de que Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, la mencionara durante una comparecencia en la Asamblea Nacional, no para explicar el caso Gaibor, como —dijo— esperaba el país, sino para señalarla directamente. “No es una coincidencia, es un mensaje. Un mensaje del poder que se expresa a través de quien hoy dirige la justicia y actúa bajo la protección del gobierno”, afirmó.

“Cuando el Estado persigue, cruza una línea”

La comunicadora señaló que guardó silencio durante más de un año, no por miedo ni falta de pruebas, sino por una decisión personal de enfrentar la situación sin victimización. Sin embargo, aseguró que el allanamiento marcó un punto de quiebre.

“Cuando el Estado persigue, no sólo persigue a una persona o a una empresa. Persigue la tranquilidad de quienes trabajan conmigo y cruza una línea que nunca debería tocarse: mi vida como madre y la de mis hijos”.

Según Tala, la persecución habría iniciado tras denunciar públicamente el caso de Gabriela Goldbaum, exesposa del presidente de la República, Daniel Noboa, una denuncia que —afirmó— “incomodó al poder”.

Intervención de la Superintendencia y actuaciones de Fiscalía

La periodista también recordó que su empresa lleva más de un año intervenida por la Superintendencia de Compañías, una medida que calificó como ilegal. Indicó que en ese periodo han pasado tres interventores, todos designados por el Estado, y que ninguno encontró irregularidades.

Incluso, detalló que una de las interventoras dejó constancia expresa de que no existían motivos para mantener la intervención.

En el ámbito penal, Tala aseguró que en octubre de 2025 entregaron a Fiscalía más de 15.000 fojas de documentación societaria, contable y tributaria, y que el propio fiscal dejó por escrito que no existía lavado de activos. Pese a ello, se ejecutó el allanamiento. “El resultado habla por sí solo: no se llevaron nada”, sostuvo.

La comunicadora también cuestionó que el mismo juez que autorizó el allanamiento haya permitido, en octubre del año pasado, la inmovilización de las cuentas de su empresa por más de 70 días, cuando la ley establece un máximo de ocho, sin que —según dijo— la UAFE lo justificara legalmente.

Críticas al manejo estatal del país

En su declaración, Tala contrastó la rapidez de las acciones judiciales en su contra con la falta de respuestas frente a hechos de violencia y corrupción en el país.

Mencionó asesinatos de niñas en Durán, masacres en Guayaquil, sicarios disfrazados de policías, jóvenes desaparecidos y actos de corrupción, señalando que estos casos no reciben la misma atención del sistema de justicia. “Eso sí es urgente, eso sí exige fiscales, jueces y recursos”, reclamó

“Cuando la justicia castiga la palabra, deja de ser justicia”

Finalmente, la periodista aseguró que no se esconde y que toda la información está documentada y respaldada, pero advirtió sobre el uso del sistema judicial para intimidar. “Cuando la justicia se usa para castigar la palabra y proteger al poder, deja de ser justicia”.

Tala también mencionó que situaciones similares ocurren con Gráficos Nacionales, la empresa editora de los diarios EXPRESO y EXTRA, y concluyó con una advertencia: “Frente al abuso institucional, el silencio ya no es prudencia. En este caso, se convierte en complicidad”.