Ley de gasto en gobiernos locales de Ecuador suma demanda: ¿puede frenarse su aplicación?
Reforma al COOTAD suma nueva demanda ante la Corte Constitucional y abre debate sobre autonomía y gasto local en Ecuador
Paola Pabón, prefecta de Pichincha, presentó demanda de inconstitucionalidad.
La ley que reforma el esquema de gasto de los gobiernos locales en Ecuador volvió a escalar en el plano judicial. Este martes, 3 de marzo de 2026, la normativa aprobada por la Asamblea Nacional sumó una nueva demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional (CC), interpuesta por la Prefectura de Pichincha.
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Con esta acción, ya son varias las impugnaciones presentadas contra la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), enviada por el presidente Daniel Noboa como proyecto económico urgente y aprobada el pasado 20 de febrero en medio de cuestionamientos de la oposición y protestas de sectores sociales.
¿Qué cuestiona la nueva demanda contra la ley?
La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, argumentó que la reforma presenta vicios tanto de fondo como de forma. Según sostuvo, la normativa “atenta directamente contra la autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos subnacionales”.
A su criterio, la Constitución establece un modelo de descentralización orientado a garantizar equidad territorial, y la nueva ley alteraría ese equilibrio al imponer límites al gasto en salarios y priorizar determinadas áreas presupuestarias.
Paola Pabón, prefecta de Pichincha, presentó demanda de inconstitucionalidad.
Además, pidió a la Corte Constitucional que disponga una medida cautelar para suspender la aplicación de la norma mientras se analizan las demandas acumuladas.
Lo que está en juego para prefecturas y municipios
Uno de los puntos centrales del debate es el alcance de las competencias de los gobiernos provinciales. Pabón recordó que las prefecturas tienen ocho competencias constitucionales y que solo tres están relacionadas con infraestructura.
“El código de descentralización y la Constitución les entrega a las prefecturas 8 competencias; sólo 3 de esas 8 son competencias que tienen que ver con la infraestructura, es decir, con el cemento”, afirmó.
Según explicó, el resto de atribuciones se vinculan con:
- capacitación y asistencia social
- apoyo a emprendedores y mujeres
- trabajo con juntas de agua, campesinos y agricultores
- promoción de cultura y deporte
Desde esta perspectiva, la reducción o limitación del gasto corriente podría impactar en programas sociales y en la prestación de servicios a grupos prioritarios como niñas, niños, personas con discapacidad y adultos mayores.
El argumento de defensa del Gobierno
El oficialismo ha defendido la ley bajo el argumento de eficiencia y justicia social. La intención, según el Ejecutivo, es que los recursos públicos se orienten primero a cubrir necesidades básicas como agua potable y alcantarillado, antes que al aumento del gasto corriente.
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Tras la aprobación legislativa, la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, aseguró que “cada dólar que administran alcaldías y prefecturas deberá transformarse en obras y servicios que mejoren la vida de los ciudadanos”.
El debate, ahora, se traslada al ámbito constitucional. La Corte deberá determinar si la ley respeta el marco de autonomía de los gobiernos locales o si corresponde frenar su aplicación de manera temporal o definitiva.