Nueva ley penitenciaria en Ecuador: trabajo obligatorio y más seguridad en cárceles
La Asamblea Nacional dio paso a una reforma que busca frenar la violencia en prisiones mediante control estatal, tecnología y clasificación de reos.
La nueva normativa incluye reclasificación de presos, inteligencia penitenciaria, mejoras en infraestructura y trabajo obligatorio para personas privadas de libertad.
Con 84 votos a favor, la Asamblea Nacional le dio luz verde a la nueva Ley para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario, una normativa que busca recuperar el control de las cárceles en Ecuador y meterle orden a un sistema golpeado por la violencia.
Desde la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral se aseguró que esta ley marca un antes y un después, ya que devuelve al Estado el manejo total de los centros de privación de libertad, donde en los últimos años las bandas criminales han impuesto su propia ley.
Trabajo obligatorio y control total
Uno de los puntos más fuertes de la normativa es que los privados de libertad deberán trabajar dentro de las cárceles para cubrir sus propias necesidades básicas. Esta medida no será inmediata, pero tendrá un plazo máximo de 36 meses para aplicarse, según condiciones de seguridad, salud y capacidad de los reos.
La propuesta, que fue ajustada el pasado 11 de marzo, también pone énfasis en ordenar a la población carcelaria. Ahora, los internos serán clasificados según su nivel de peligrosidad y perfil criminal, con el objetivo de evitar que delincuentes de alta peligrosidad sigan operando desde prisión.
Más seguridad y menos corrupción
El plan incluye reforzar al Cuerpo de Seguridad Penitenciaria con mejor capacitación, equipamiento y apoyo psicológico. Incluso se abre la puerta para que policías o militares en servicio pasivo se sumen a estas tareas.
Además, se creará un sistema de inteligencia penitenciaria para detectar redes criminales dentro de las cárceles. A esto se suma la rotación del personal y controles de confianza para frenar posibles actos de corrupción.
Tecnología y cárceles más seguras
La ley también apunta a modernizar el sistema con tecnología para mejorar el control interno y la vigilancia. Se prevén cambios en la infraestructura de las prisiones para hacerlas más seguras y funcionales.
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Rehabilitación en la mira
Aunque la mano dura es evidente, la normativa también incluye medidas para fortalecer la rehabilitación social. La idea es que los reos no solo cumplan su condena, sino que tengan opciones reales de reintegrarse a la sociedad y reducir la reincidencia.
Con esta ley, el Gobierno apuesta por recuperar el control de las cárceles y frenar la violencia que ha convertido a estos centros en uno de los principales focos de inseguridad del país.