PSC califica de inconstitucional adelanto de elecciones seccionales para 2026
El Partido Social Cristiano (PSC) rechaza la decisión del CNE de modificar el calendario electoral de 2027, alegando falta de sustento técnico y legal

Las elecciones seccionales se adelantan para el 2026.
El Partido Social Cristiano (PSC) denunció este 27 de marzo de 2026 que la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de adelantar las elecciones generales de 2027 al año 2026 es "inconstitucional e ilegal".
La organización política sostiene que no existen las condiciones jurídicas de disolución de la Asamblea o destitución presidencial que establece la Constitución del Ecuador para modificar los plazos democráticos.
En un comunicado de prensa, la Directiva Nacional del PSC argumenta que, según los artículos 148 y 130 de la Carta Magna y el artículo 87 del Código de la Democracia, el adelanto de comicios solo procede bajo figuras excepcionales de crisis política.
El partido enfatiza que en el derecho público solo se puede ejecutar lo que la ley manda, invalidando la interpretación del organismo electoral sobre la autonomía para cambiar el calendario.
El CNE justificó el cambio de fechas basándose en informes de la Secretaría Nacional de Riesgos, que prevén fenómenos naturales severos para febrero de 2027.
No obstante, el PSC cuestionó la validez técnica de estas proyecciones, señalando que organismos internacionales como la NOAA no realizan vaticinios con once meses de antelación. Además, citaron la Norma 408-24 de la Contraloría General del Estado, la cual determina que los informes meteorológicos no son respaldo suficiente para modificar plazos legales.
Esta disputa jurídica ocurre en un momento de alta tensión institucional. La postura del PSC apunta a que la decisión administrativa del CNE vulnera la seguridad jurídica del proceso electoral. El precedente de la Contraloría es clave, ya que establece que la meteorología no mide el impacto real necesario para alterar cronogramas de Estado, lo que podría derivar en una serie de impugnaciones ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
La organización política adelantó que el caso llegará inevitablemente a la Corte Constitucional. Calificaron de "irresponsable" el establecimiento de un nuevo calendario sin que el máximo organismo de control constitucional se pronuncie sobre la legalidad de la medida adoptada por las autoridades electorales.