¿Por qué el TCE negó el pedido de Rivadeneira sobre suspensión de la Revolución Ciudadana?

El juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Joaquín Viteri Llanga, resolvió mantener la suspensión provisional del movimiento Revolución Ciudadana (RC) luego de rechazar un pedido presentado por Gabriela Rivadeneira que buscaba anular la medida.

La decisión del magistrado se basó en que Rivadeneira no acreditó tener la representación legal del movimiento dentro del proceso. Para verificar esta situación, el juez solicitó una certificación al Consejo Nacional Electoral (CNE).

El organismo electoral confirmó que quien consta registrada como presidenta y representante legal de Revolución Ciudadana es Luisa González. Con ese documento, el juez concluyó que Rivadeneira no tenía legitimación para actuar en nombre de la organización política.

Por ese motivo, la solicitud presentada fue considerada como no presentada y el auto emitido el 6 de marzo de 2026, que dispone la suspensión provisional de la RC por nueve meses mientras se tramita la causa, continúa vigente.

La reacción del movimiento

Tras conocerse la resolución judicial, Revolución Ciudadana difundió un pronunciamiento en el que cuestiona la decisión y la califica como un ataque a la democracia.

En el comunicado, el movimiento señala que su suspensión —al que describe como la mayor fuerza opositora del país— constituye “un grave ataque al pluralismo político y a los derechos democráticos de millones de ecuatorianos”.

También advierte que la medida impediría que la organización participe en las elecciones locales previstas para 2027, ya que el periodo de suspensión coincidiría con la etapa de inscripción de candidaturas.

Además, la RC sostiene que el proceso se originó en una causa impulsada por el fiscal encargado Carlos Alarcón, quien se encuentra en carrera para ser titular de la Fiscalía. 

Según el comunicado, las acusaciones se basan en el testimonio de una persona procesada por abuso sexual infantil que, afirma el movimiento, habría recibido beneficios dentro del sistema penitenciario a cambio de declarar contra la organización.

En su pronunciamiento, Revolución Ciudadana asegura que la decisión forma parte de un patrón de persecución política contra dirigentes opositores en Ecuador y pidió a partidos políticos, organizaciones sociales, observadores electorales y organismos internacionales de derechos humanos que sigan de cerca la situación y defiendan el Estado de derecho en el país.