Conflicto entre COE y el Estado puede terminar en una sanción internacional: Esto se sabe

La disputa entre el Viceministerio del Deporte y el Comité Olímpico Ecuatoriano (COE) llegó a su punto más álgido con la terminación parcial del comodato de instalaciones por parte de Fedeguayas.

Mientras desde el COE hablan de “invasión” y apuntan a movimientos políticos por parte del viceministro Roberto Ibáñez, este se desmarca de lo sucedido y aclara que se trató de una medida autónoma de Fedeguayas, institución que también explicó este viernes 16 de enero su decisión.

Ante los hechos del último jueves 15, con la toma de control por parte de Fedeguayas, ambas instituciones reaccionaron con ruedas de prensa.

Fedeguayas justifica la terminación parcial del comodato

La presidenta de la matriz provincial del deporte, María Eduarda Fuentes, argumentó que la decisión adoptada va “exclusivamente en defensa del bienestar de los deportistas y del movimiento olímpico nacional”.

De acuerdo con Otto Coello Chang, síndico de Fedeguayas, el organismo pasó a quitar parcialmente el comodato a determinadas áreas del COE, como los cuatro coliseos, el garaje y las oficinas de las federaciones ecuatorianas por deporte, sitios que “el COE había decidido dejar de atender” por falta de presupuesto. “Solo queremos garantizar que no se deje de atender al deportista”, añadió Fuentes.

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Acusaciones cruzadas entre el COE y el Viceministerio

Aunque el propio COE había manifestado que la falta de recursos por parte el Estado le impedía abrir esos espacios, en la rueda de prensa que brindó el organismo se dijo que el cierre respondió a una necesaria reestructuración, considerando que no cuentan con presupuesto. Además, el secretario John Zambrano enfatizó en la vigencia de seis años más del comodato para uso del espacio.

Por su parte, el viceministro Roberto Ibáñez, en diálogo con EXTRA, aclaró que él no está detrás de la medida. “Estos señores del COE se levantan pensando en mí. Yo estaba en Napo en una visita a una federación y veo que la presidenta de Fedeguayas ha tomado una decisión administrativa en función a un comunicado del COE de cerrar los coliseos”, manifestó.

“Esos terrenos son de Fedeguayas. Entiendo que al momento en que el COE dice que no tiene los recursos para mantener los escenarios, incumple con una de las cláusulas del comodato”, amplió.

El contrato de 1982 y la causal de terminación

Puntualmente, según detalló Israel Verdugo, directivo de Fedeguayas y actual presidente de Fedenador, el COE habría incumplido en una causal de terminación del comodato, establecida en el literal b del contrato firmado en 1982.

Para Giovanni Cárdenas, experto en derecho deportivo y exviceministro del Deporte, la decisión de Fedeguayas es “absolutamente legítima si, como se indica, se ha incumplido alguno de los acuerdos de ese comodato”.

Sin una salida clara al conflicto

A pesar de las versiones sobre la autonomía del ente del Guayas en la terminación parcial del comodato, es innegable que esto afecta aún más la disputa política en el deporte nacional, siendo lo más grave que no surjan alternativas de solución, sino llevar el proceso a instancias internacionales. El propio COE cree que si alguien debe juzgar la situación es el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), aseguró este viernes  Zambrano.

Consultada al respecto, la jurista Sofía Vivero coincide en que el panorama es difícil: “Es un tema complejo, porque ninguno quiere dar el brazo a torcer, pero es un hecho que el Viceministerio de Deporte no puede registrar la directiva, teniendo el criterio de la Procuraduría General del Estado tan claro. Ellos tienen que cumplirlo”.

Dicho criterio, tal como fue explicado por EXTRA antes de las elecciones de mayo de 2025, contradijo a la Ley del Deporte y a su reglamento en lo referente a la reelección de un dirigente. Delgado sí podía ser candidato a la luz de la ley, pero no ante el documento de la Procuraduría.

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“Por otra parte, también es cierto que la Carta Olímpica permite la reelección indefinida. Sin embargo, en nuestro país prima la norma nacional y, para efectos del registro, en donde el ente público emite el acto administrativo, se debe cumplir con el marco normativo del país”, sostuvo Vivero.

El riesgo de una suspensión internacional

Al ser preguntada sobre un posible cambio en el criterio de la Procuraduría que dé solución a este tema, la abogada explicó que “el Viceministerio tenía un plazo para solicitar al procurador que revise el criterio”, aunque “lo que sí podría es volver a consultar y el mismo COE podría realizar acciones legales (judiciales) en contra del criterio para que se anule o corrija”.

Sin embargo, el COE de momento apunta a que solo el TAS podría resolver la situación jurídica y dar la razón a una de las partes. Mientras, el Viceministerio tampoco dará paso, por ejemplo, a una intervención, por temor a que efectivamente desde el Comité Olímpico Internacional se interprete como injerencia del Estado, y Ecuador sea suspendido.

Esto, a decir de Giovanny Cárdenas, es una probabilidad real. Él mismo fue parte de las mesas de diálogo cuando en 2012 sucedió algo similar con José Francisco Cevallos en el Ministerio y Danilo Carrera en el COE. “El Comité Olímpico Internacional cuida la no intervención con mucho celo. Y no sería un tema de bandera blanca (participar sin representar al país), sino una suspensión directa de todas las competencias”.