Tres ciudadanos que estarían detrás de una red de explotación sexual en Riobamba y Ambato, capitales de las provincias de Chimborazo y Tungurahua respectivamente, fueron procesados por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual.

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Los sospechosos, dos hombres y una mujer, fueron aprehendidos durante el denominado operativo Fénix 256, ejecutado en esas dos provincias el miércoles 20 de agosto. En el procedimiento también se logró rescatar a una adolescente, de 17 años.

De acuerdo con información difundida por la Fiscalía, a través de una investigación iniciada en 2024, se determinó que "los sospechosos publicaban anuncios en Facebook, ofreciendo trabajos como ayudantes de panadería. Tras contactarlas, trasladaban a las víctimas a hoteles donde eran explotadas sexualmente".

Los involucrados fueron identificados como alias Milán y alias Karina, líderes de la agrupación criminal, así como un tercer sujeto conocido con el alias de Profesor, un docente que, aprovechando su ocupación, también colaborada en la cadena delictiva.

Dictámenes judiciales contra sospechosos

En la audiencia de formulación de cargos efectuada contra los tres ciudadanos, el fiscal que actuó en la diligencia presentó varios elementos de convicción, como por ejemplo las pericias practicadas a redes sociales de dispositivos electrónicos, los informes de vigilancia y seguimientos dispuestos por una autoridad competente, los informes de las unidades policiales involucradas en la investigación, entre otros.

El juez que encabezó la diligencia acogió el pedido fiscal y formuló cargos contra los tres aprehendidos por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, que conlleva una pena privativa de libertad de 22 a 26 años.

Adicionalmente, el magistrado dictó prisión preventiva en contra de un hombre y una mujer, mientras que al sujeto restante le dispuso la prohibición de salida del país, así como la presentación periódica ante la autoridad judicial competente. 

La instrucción fiscal iniciada en este caso tendrá una duración de 90 días, según se estableció en la diligencia.

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