En una operación conjunta que combinó precisión militar y estrategia policial, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Ecuador irrumpieron en el Centro de Rehabilitación Social de Loja, logrando incautar una alarmante cantidad de objetos prohibidos que habrían sido ingresados de manera ilegal. La intervención, ejecutada sin previo aviso, dejó al descubierto una realidad que inquieta: desde el interior de la cárcel se mantenían comunicaciones, posibles redes delictivas y consumo de sustancias sujetas a fiscalización.

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Con apoyo de unidades preventivas, investigativas e inteligencia, los uniformados desarrollaron un registro minucioso de los pabellones. Durante la revisión fueron decomisados 38 teléfonos celulares, 50 dosis de cocaína, 12 armas blancas, 16 adaptadores, 14 cables de cargador, un router de red inalámbrica, 7 auriculares y 4 pilas artesanales.

La presencia de este tipo de objetos evidencia que, pese a los controles, los intentos por vulnerar la seguridad carcelaria continúan. Uno de los hallazgos que más llamó la atención fue el router, que según los investigadores, habría servido para mantener comunicación constante con el exterior, lo que podría derivar en la planificación de delitos o coordinación de actividades ilegales.

La operación se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad y con profesionalismo por parte de policías y militares, quienes actuaron de forma sincronizada y sin generar incidentes mayores. Los internos fueron sometidos a controles y revisiones, mientras se realizaban requisas celda por celda.

Según fuentes oficiales, esta acción forma parte de una serie de operativos estratégicos que buscan retomar el control total de los centros penitenciarios del país. Tras lo ocurrido, se ha dispuesto el refuerzo de la seguridad interna y externa del penal, al tiempo que continúan las investigaciones para identificar posibles responsables del ingreso de los objetos.

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El despliegue de las Fuerzas Armadas en esta operación fue clave para garantizar el orden y disuadir cualquier intento de alteración. Su presencia, firme y coordinada con la Policía Nacional, reflejó el compromiso del Estado de no ceder espacio alguno a las mafias que intentan operar desde el encierro.

Con este nuevo golpe al crimen tras las rejas, las autoridades buscan enviar un mensaje contundente: la lucha contra la delincuencia no tiene tregua, y el control penitenciario es una prioridad. La ciudadanía, que por años ha observado con preocupación el deterioro del sistema carcelario, recibió con expectativa esta acción, que marca un precedente en los esfuerzos por recuperar la autoridad dentro de los centros de privación de libertad.

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