¿Por qué se canceló la Feria Internacional del Libro de Quito 2026?

La Feria Internacional del Libro de Quito (FILQ) 2026 no se realizará. El Municipio de Quito anunció su cancelación y aseguró que la decisión no responde a falta de presupuesto ni a gestión, sino a la aplicación de la reciente reforma al COOTAD, que —según sostiene— limita el uso de recursos para actividades culturales.

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La Alcaldía informó que la feria contaba con un presupuesto aprobado de USD 416.262, pero la nueva normativa impide ejecutar ese gasto bajo la estructura actual. En específico, señala restricciones sobre la partida destinada a espectáculos culturales y sociales, lo que vuelve inviable organizar un evento de gran magnitud.

En su pronunciamiento, el Municipio fue enfático: la cancelación es una “consecuencia directa” de la ley vigente desde el 23 de febrero de 2026, que redefine los criterios de inversión de los gobiernos locales.

Impacto más allá de lo cultural

La suspensión de la FILQ no solo implica la pérdida de un evento literario. También afecta a una cadena amplia de actores: editoriales, librerías, gestores culturales, técnicos, artistas y personal logístico, además de miles de personas que encontraban en la feria una oportunidad de ingresos.

Desde el Municipio se advierte que el impacto es también económico y social, al tratarse de un espacio que dinamizaba el comercio cultural y promovía el acceso a la lectura.

Un nuevo frente político

El tema no se queda en la agenda cultural. La decisión abre un nuevo cruce entre el Municipio de Quito y el Gobierno, en torno al alcance de la reforma al COOTAD y sus efectos en la gestión local.

La Alcaldía, además, pidió que la Corte Constitucional revise la normativa, al considerar que limita la capacidad de los municipios para sostener actividades culturales y eventos públicos.

Sin embargo, desde el viceministerio de Cultura respondieron a medios de comunicación que la norma rige desde junio de 2026, por lo que no habría razón para que el evento no se realice este año. 

"Poner en el centro de la gestión a la ciudadanía y no las conveniencias políticas deben ser un principio. Confiamos en que las autoridades locales transparentarán información sobre los recursos destinados a las competencias patrimoniales y culturales", publicó en su cuenta de X, la vicemnistra de Cultura Romina Muñoz.

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