Andrés Jaramillo renunció a la terna del Ejecutivo para el Consejo de la Judicatura por un conflicto de intereses con su hermano, asambleísta en funciones. Su salida genera polémica por sus antecedentes disciplinarios y un escándalo ocurrido en pandemia. El caso refleja tensiones políticas en torno al control del sistema judicial.

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Salió antes de ser evaluado 

Andrés Eduardo Jaramillo Martínez, uno de los tres nombres propuestos por el presidente Daniel Noboa para integrar el Consejo de la Judicatura, renunció a su candidatura antes de ser evaluado. A través de una carta enviada al titular del CPCCS, Andrés Fantoni, explicó que su decisión se debe a un conflicto de intereses: su hermano es legislador en funciones.

Su parentesco lo inhabilitaba 

Jaramillo invocó el artículo 11 del reglamento que prohíbe la postulación de personas con vínculos familiares con miembros de la Asamblea Nacional. Su hermano, Roberto Fernando Jaramillo, no solo es asambleísta por Imbabura, sino que también impulsa el juicio político contra Solanda Goyes, vocal del Consejo y figura clave en la pugna de poderes judiciales.

Historial provincial

Además de ser candidato a vocal, Andrés Jaramillo es fiscal en funciones en Imbabura. En su carta, reafirmó su compromiso con la justicia y agradeció al presidente Noboa por haberlo considerado. 

Sin embargo, su trayectoria no está exenta de señalamientos: en 2023 fue sancionado por abandono de funciones en varias fechas del año anterior.

¿Tiene un pasado oscuro?

Uno de los hechos más controversiales de su historial ocurrió el 14 de abril de 2020. Según reportes de medios nacionales, Jaramillo fue encontrado en una vivienda durante el toque de queda, en compañía de amigos y trabajadoras sexuales. 

La situación escaló cuando una de las mujeres denunció que estaba siendo grabada sin su consentimiento y fue amenazada con un arma de fuego. El caso derivó en su suspensión cautelar como fiscal

Deja sus funciones por...¿Tensiones políticas?

La salida de Jaramillo refleja las tensiones entre el Ejecutivo y el sistema de justicia. La terna enviada por el Gobierno ha sido duramente cuestionada por sectores políticos y sociales, que ven en ella una estrategia para cooptar espacios clave del poder judicial. 

La polémica renuncia solo profundiza el debate sobre la transparencia del proceso y la independencia de los futuros vocales.

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