Lo que se inició, primero con una paralización nacional de actividades, como protesta de los integrantes de la Policía Nacional por la eliminación de beneficios a que tenían derecho, degeneró en actos violentos que concluyeron en la capital de la República, en el Hospital de la Policía y que dejó el saldo de cinco muertos, decenas de heridos y 1550 uniformados procesados, un 30 de septiembre de 2010 que se recordó este miércoles.

Ha transcurrido, pues, toda una década de pedido de justicia para que se deje sin efecto tantas sanciones exageradas e injustas.

El gobierno, presidido entonces por Rafael Correa, señaló que tales actos tenían un intento desestabilizador digno de un golpe de estado, hasta el punto de que el primer mandatario se dio por secuestrado y ordenó telefónicamente la movilización de las Fuerzas Armadas para que lo rescataran, lo que originó el enfrentamiento y la violencia que después los organismos de justicia, controlados por el régimen, investigaron e impusieron sanciones sobre las cuales se pide ahora reparación. Incluso las familias de un suboficial, muerto en la contienda, entre militares y policías, han acusado al expresidente de ser culpable de dicho deceso. Y se agrega que la propia actividad preponderante y desafiante de Correa ocasionó toda esta tragedia que pudo evitarse. Este problema también involucró a civiles, entre ellos una exdirigente de UNE y un exlegislador, por lo que se afirma que se trató de aprovechar la coyuntura contra los enemigos políticos del régimen.