‘Dios los crea y el diablo los junta’, reza el popular dicho que hace alusión a personas aparentemente distintas que acaban unidas con propósitos cuestionables. Sin embargo, en el caso de la excomisionada por la pacificación carcelaria, Claudia Milena Garzón Padilla, y el general de Policía Pablo Efraín Ramírez Erazo, el que los juntó no fue el diablo, sino el Patrón: el narcotraficante Leandro Antonio Norero Tigua, quien fue asesinado el 3 de octubre de 2022.

Es por el presunto vínculo que tuvieron con el criminal que ambos están procesados por delincuencia organizada, en el denominado caso Metástasis. Además, los dos gozan de medidas diferentes a la prisión preventiva y tienen la orden de hacer presentaciones periódicas ante la Corte.

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Ramírez, a quien le formularon cargos el 15 de diciembre de 2023, tiene también prohibido salir del país, mientras que Garzón, vinculada el 15 de marzo de este 2024, no estaba en Ecuador cuando fue incluida en la investigación.

Ella debería comparecer una vez al mes, pero el viernes 12 de abril su abogado, Jorge Haz, mediante un escrito anunció que para cumplir con la medida necesitaría resguardo policial, porque es considerada una persona con el 95 % de riesgo de que atenten contra su vida. No se precisa en qué lugar fue hecha esa evaluación, aunque se detalla quiénes fueron los peritos, ambos colombianos, al igual que la sospechosa.

A través del documento, el jurista ha expuesto que la mujer no está en el continente americano y ha solicitado que le permitan ampliar su versión libre y voluntaria de manera telemática, por medio de la plataforma Zoom, pero no es su único pedido, pues también buscarían desvirtuar a un testigo clave de la Fiscalía: Marcelo Nicolás Lasso Saavedra, quien fue compañero de celda de Leandro Norero en la cárcel de Latacunga, en Cotopaxi, sitio en el que fue asesinado.

El 28 de marzo, en su testimonio anticipado aseguró que Claudia Garzón habría gestionado una donación a favor del Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI), que en 2022 era liderado por Pablo Ramírez. El monto pedido al criminal habría sido 200 mil dólares, que supuestamente fueron entregados al oficial de Policía, en efectivo.

Ante los señalamientos, la defensa de Garzón ha pedido que se hagan pruebas toxicológicas a Marcelo Lasso, porque él ha conocido de manera extrajudicial que el testigo clave de la Fiscalía sería “consumidor habitual de sustancias psicotrópicas, tales como marihuana, cocaína, entre otras”. De esa forma, el abogado apunta a que se consideren posibles afectaciones en la memoria del individuo, porque eso “podría alterar la realidad histórica de los eventos”. 

En un oficio del viernes 12 de abril, dentro del caso Metástasis, la Fiscalía solicitó una pericia a publicaciones específicas en redes sociales, relacionadas con el general Pablo Ramírez. En una de estas, un grupo de presuntos integrantes de Los Tiguerones señala que el entonces director del SNAI recibió un millón de dólares de parte de dos líderes de Los Choneros: José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, y Junior Alexander Roldán Paredes, JR.

Esta cantidad habría correspondido a la ‘venta’ de los pabellones 8 y 9 de la antigua Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, según lo dicho por los individuos en la grabación.

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