La decisión de los ecuatorianos en las urnas, de permitir la extradición de compatriotas requeridos por la justicia de otros países, abre la puerta de la justicia para los delincuentes y criminales ecuatorianos que han vivido en la impunidad en el territorio nacional.

Si bien para hacer efectiva la extradición primero hay que enmendar la carta política del Estado y después crear la normativa necesaria para establecer el trámite correspondiente, nada cambia la decisión de un país que se hartó de la violencia y que prefiere ver a sus compatriotas presos en otros países que haciendo de las suyas en el territorio nacional.

Quienes realmente deben estar preocupados no son los ecuatorianos que votaron por el No en la consulta, sino todos aquellos delincuentes de alto vuelo, dedicados al tráfico de drogas y otros delitos conexos, entre ellos la corrupción y el lavado de activos, que ahora corren el riesgo de ser requeridos por otros países como Estados Unidos, que permiten la acumulación de penas y tienen sistemas carcelarios blindados.

Seguramente, como ocurre en Colombia, el proceso de extradición no será rápido y no estará exento de obstáculos, pero será un aliciente fundamental para impulsar el fortalecimiento integral de la institucionalidad ecuatoriana.