Todos los días bebemos agua contaminada y a nadie parece importarle que nos estamos autodestruyendo cada vez que se vierten aguas impurificadas a los ríos sin tratarlas previamente. Contar con un sistema hidrológico que ofrece agua no apta para el consumo humano ni para el uso en la agricultura, acaba convirtiéndose en un problema de salud pública, generando a su vez un costo elevado para el Estado.

Muchas de las grandes plantaciones de banano, arroz, maíz, palma africana y otras, parecen ignorar la gravedad que conlleva el vertido de pesticidas tóxicos en las cuencas de los ríos y esteros. A esto se suma otro factor alarmante: la falta de tratamiento de las aguas residuales en pueblos y ciudades, siendo un ejemplo emblemático la situación en Quito.

Tan grave como la contaminación en sí, es la falta de conciencia ciudadana sobre la importancia de este problema y sus consecuencias devastadoras para la salud, lo cual se refleja en la alta incidencia de cáncer en la población. Aún más censurable resulta la indiferencia y pasividad de las autoridades de Medio Ambiente y Salud Pública, así como de las alcaldías. Su inacción permite que tanto industrias como comunidades continúen contaminando el agua, un recurso vital para la vida, sin control, sanción ni solución para este delito ambiental.