La delincuencia nos ‘lleva en peso’. Robos a negocios, viviendas y personas, así como asesinatos y secuestros, delitos que se han incrementado velozmente en los últimos meses, tienen atemorizados a los ecuatorianos.

Salir con la familia o amigos para pasar un rato ameno es un riesgo que puede costarnos la vida. Afuera de casa nos espera la bala perdida de un sicario o el frío cañón de un arma de fuego en la cabeza, mientras nos despojan de nuestras pertenencias.

Y pese a todo su esfuerzo, la Policía Nacional no ha podido controlar el auge delictivo. Si el Estado no está en capacidad de defendernos, ¿debemos hacerlo nosotros a título personal? Tanto es el clima de inseguridad que de nuevo ha surgido el debate sobre la tenencia y porte de armas de ciudadanos para no seguir a merced de los criminales.

En Ecuador, la legislación impide portar armas, pero faculta a tramitar permisos para tenerlas dentro de una propiedad. Sin embargo, no existen garantías de que esto sea una solución para la actual problemática, menos si se le da un uso irresponsable.

De no haber una respuesta inmediata de las autoridades ante los ataques delincuenciales, los ciudadanos buscarían defender a sus familias armándose ilegalmente, agigantando el círculo de violencia.