La jueza de Pichincha Verónica Medina anuló el caso de presunta delincuencia organizada que se seguía en contra del expresidente Abdalá Bucaram y otros, investigados por la venta de pruebas PCR durante la emergencia sanitaria por COVID-19.

La falta de notificación a Jacobo Bucaram en las 72 horas siguientes a la detención fue la causa, según señaló la Fiscalía en su cuenta Twitter. Según explicó César Valencia, abogado de Brian Pérez, su cliente fue el afectado y denunciante y fue vinculado a la instrucción fiscal por posible delincuencia organizada. La defensa asegura que nunca se investigó la estafa de la que habría sido objeto su defendido.

Según el abogado, la defensa pidió que se investigue la probable estafa que sufrió Brian Pérez por los ciudadanos israelitas, uno de ellos fue asesinado en una cárcel de Guayaquil. Dice que no se analizaron las evidencias y que la obligación de la fiscal era investigar. Anunció acciones legales por afectación a su cliente.

Durante la audiencia la Fiscalía anunció que apelará la resolución. La instrucción fiscal del caso duró 120 días. Lo resuelto por la jueza no fue considerado por la defensa como un logro ni para su defendido ni para el expresidente sino para el debido proceso.

Insistió que se vulneraron derechos y la decisión de la jueza demuestra que "la Fiscalía debía respetar el debido proceso".

Bucaram era uno de nueve procesados por el caso. Dos exagentes metropolitanos de tránsito se declararon culpables del caso y se sometieron al procedimiento abreviado. La resolución de la jueza también alcanzaría a los dos sentenciados.