Los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) no solo quieren llamar la atención del Estado con masacres carcelarias o el asesinato de líderes de bandas rivales dentro de las prisiones.

Ahora se ‘bajan’ a altos funcionarios, como es el caso de Santiago Loza, director del Centro de Privación Provisional de Libertad (CPPL) de Pichincha, conocido como la cárcel de El Inca, quien fue asesinado al estilo sicariato el jueves 1 de diciembre, mientras se dirigía a su lugar de trabajo.

La abogada Alexandra Zumárraga, exdirectora de Rehabilitación Social, señala que en este caso, las organizaciones criminales en la capital se hicieron más fuertes en las calles tras ‘liquidar’ a los líderes de las bandas ‘más pesadas’.

Luego intentaron mantener el control en las cárceles como El Inca pero, según Zumárraga, las decisiones gubernamentales, como el traslado de Jhonatan Bermúdez —alias Primo—, entorpecen el programa criminal que tienen las bandas.

La jurista añade que el mensaje es claro: “O hacen lo que las organizaciones piden o se atienen a las consecuencias”. Y lo peor, según ella, es la saña y alevosía con la que cometen los crímenes.

En el caso de Loza, la autopsia reveló que murió por dos balazos que le impactaron en la cara y el cuello y le provocaron un daño en la médula espinal.

A criterio de Zumárraga, la Policía Nacional debía realizar un análisis de riesgo del funcionario porque había personas de alta peligrosidad en la cárcel que Loza dirigía, quienes se podían ‘resentir’ por las decisiones que él tomaba. “Quizá no recibió amenazas, pero sí le hicieron seguimiento para matarlo. Esto es una falla de seguridad del Estado”, dijo.

Ante esto, la abogada recalca que debió tener custodia de seguridad como ella en alguna ocasión la tuvo cuando fue principal de Rehabilitación Social. Fue parte del equipo que inauguró la prisión de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil, y tras tomar algunas decisiones empezó el infierno. “Llegaban sicarios a intimidarme en la oficina, me enviaban cartas amenazantes... tuve que cambiarme de casa”.

Ante esta realidad, Zumárraga solicita a las autoridades del sistema penitenciario que brinden resguardo a los funcionarios que trabajen en centros en los que existan mayor conflicto.