El 10 de abril de 2024, se reveló otro aspecto turbio en el caso de obstrucción a la justicia que investiga la destitución del juez Walter Macías: la compra de cargos judiciales. Un testigo protegido, antiguo asesor y director nacional de Asesoría Jurídica de Wilman Terán, expuso cómo funcionaba este sistema corrupto.

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Según el testimonio, para obtener cargos judiciales, se exigía el pago de sumas de dinero. Por ejemplo, se mencionó que por una secretaría se solicitaban 10.000 dólares, y por un cargo de ayudante judicial, 5.000 dólares. Estos pagos se realizaban a través de una "caja chica" administrada por los asesores de Terán, como Fabricio Herrera y Santiago Cifuentes, propietarios de una empresa llamada Herrera y Cifuentes Grupo Empresarial, que se utilizaba para "redondear" los sueldos del personal de confianza.

El testigo también mencionó que se destinaba dinero para un aparataje mediático, creado por la entonces directora de Comunicación, Ángela Cevallos Ortiz, para respaldar la imagen de Terán, quien aspiraba a la Presidencia de la República. Se reveló que incluso se ofrecieron sobornos adicionales, como el pago de 1.000 dólares mensuales a cambio de cédulas de familiares para justificar los desembolsos.

Durante la gestión de Terán, se mencionaron "cuartos de guerra" en varios lugares, incluido el piso 14 del Consejo de la Judicatura y un centro comercial llamado Multicentro. Estos lugares se utilizaban para reuniones privadas con jueces y políticos. En estas reuniones, se coordinaba el reparto de las direcciones provinciales y nacionales, otorgadas a grupos políticos afines a Terán, Muñoz y Barreno, con el objetivo de evitar juicios políticos en el legislativo.

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