La designación de la jueza de la Corte Constitucional Teresa Nuques, para la elaboración del dictamen que argumentará si el presidente de la República, Guillermo Lasso, será llevado o no a un juicio político, ha desatado una polémica de parte de quienes hacen oposición al mandatario.

A través de redes sociales, desde que se conoció la designación (24 de marzo de 2023), diferentes actores políticos han cuestionado la cercanía de la magistrada con funcionarios del partido de Gobierno. Sin embargo, la decisión de dar paso a la solicitud de juicio, no está solo en sus manos, pues la resolución tendrá que ser tomada por el pleno de la Corte, conformado por nueve jueces, de los que ella también hace parte.

Para elaborar el proyecto, la operadora de justicia cuenta con seis días. Luego de eso, el texto pasará a análisis.

“Golpe de Estado...”

En declaraciones realizadas por el primer mandatario en la clausura del Encuentro Empresarial Iberoamericano, que se celebró en República Dominicana, sostuvo que se busca ejecutar un “golpe de Estado parlamentario”.

Lasso afirmó que enfrenta “una oposición muy ciega que no quiere respetar los periodos electorales de cuatro años. (...) Quieren meterse por la ventana de la institucionalidad democrática”, señaló.

El juicio político en su contra es impulsado por los legisladores correístas de UNES y los socialcristianos, por acusaciones de concusión y peculado, por un presunta trama de corrupción en empresas públicas.

Según sus adversarios, Lasso supuestamente tenía conocimiento de ese presunto entramado en el que aparece su cuñado, el empresario Danilo Carrera. Incluso sostienen que presuntamente protegió a alguno de sus integrantes, al supuestamente ordenar que se archive una investigación de la Policía antidrogas contra el empresario Rubén Cherres, por presuntos nexos con una red de narcotráfico.

Encuesta

Según una encuesta difundida por la empresa Click Report, el 38,9 % de encuestados no quiere que Lasso deje el poder, mientras que el 14,5 % sí considera que el mandatario debe renunciar. En cambio, el 28,28 % cree que debería llamar a muerta cruzada.