Rodrigo Paz Delgado, los ‘tiktokers’ María del Alma Cruz y Salomón Doumet, el chef Diego Andrés Balmaceda, entre otros, debían rendir ayer su versión en la Fiscalía General, norte de Quito, sobre el caso de los vacunados VIP.

Mientras la prensa los esperaban, por las puertas de la institución apareció Pablo Encalada, abogado del exministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, a quien la Fiscalía investiga en el mismo proceso.

Horas antes, el defensor había difundido, en su cuenta de Twitter, una carta firmada por Zevallos: “Nos equivocamos cuando desde el Gobierno invitamos a personas que creíamos que necesitaban la vacuna”, decía en unas líneas.

“Pero ese error no se puede convertir en un delito”, expresó Encalada. Insistió en que no hay tráfico de influencias y peor peculado. La inmunización es un derecho universal. No hay un acuerdo ministerial ni una norma que regule el proceso de vacunación, justificó el abogado.

También dejó claro que las personas que han accedido a las dosis desde los clubes rotarios, en Guayaquil, los ‘tiktokers’ o el chef, no tienen nada que ver con el exministro. “La decisión la toman los coordinadores zonales y gerentes de los hospitales”, precisó.

A las 11:30, quienes debían rendir su versión aún no asomaban las narices.

Pero sí anduvo por allí Gonzalo Realpe, abogado del radiodifusor –supuestamente vacunado VIP– Gonzalo Rosero. Su defendido no tenía que presentarse ayer, sino que había sido llamado para el próximo jueves.

Sin embargo, Realpe llegó a cambiar la fecha de la diligencia porque ese día no podrá acompañarlo debido a una audiencia. Cuando sea notificado lo hará. Tiene 77 años, diabetes. “No hay delito”, repitió.

Finalmente, pasado el mediodía, la Fiscalía señaló que “el tema está en investigación previa y goza de reserva por ley”. Y por eso no se conoció si Paz, los ‘tiktokers’... dieron su versión vía telemática. Encalada confirmó que el chef Balmaceda no compareció.