El reciente Decreto Ejecutivo 57, firmado por el presidente Daniel Noboa, ha encendido las alarmas en el sector público. La Unión Nacional de Educadores (UNE) denunció este 24 de julio de 2025 que la reforma al reglamento de la Ley de Integridad Pública representa una gran amenaza.

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Más de 5.000 trabajadores corren el riegos de ser despedidos 

Según la UNE, el Gobierno de Ecuador tendría preparada una lista con más de 5.000 trabajadores públicos que podrían ser desvinculados incluso antes de que se realicen las evaluaciones correspondientes.

El gremio considera que esta medida rompe con los principios de estabilidad laboral y transparencia en la administración pública.

“La posibilidad de cesar funciones sin sustento técnico y sin planificación adecuada de talento humano genera un escenario de arbitrariedad y precarización”, señala el comunicado del gremio.

Sin trabajo ni indemnización  

Una de las disposiciones más controversiales es la legalización de poder despedir a un trabajador sin el pago inmediato de las indemnizaciones que les corresponde. 

El nuevo reglamento habilita al Estado a diferir el pago a los trabajadores despedidos mediante bonos estatales, lo que, según la UNE, “lesiona gravemente los derechos laborales y debilita la seguridad económica de las familias afectadas”.

Educación: el sector más afectado 

Los gremios aseguran que los despidos afectarían sobre todo al sector educativo. Entre los cargos que podrían ser eliminados están conserjes, secretarias, bibliotecarios, personal administrativo, DECE y UDAI. 

Esta medida afectaría de manera directa el funcionamiento de las instituciones educativas, especialmente en zonas rurales y con poblaciones vulnerables.

“Ya hay docentes que deben asumir tareas administrativas o de seguridad por falta de personal. Eliminar más cargos agravará la situación y afectará a estudiantes con discapacidad, quienes requieren atención especializada”, advirtió la UNE.

Una reforma controversial 

El gremio señala que el reglamento tiene un sesgo político. Aunque el Gobierno sostiene que la reforma no aplicará a trabajadores bajo regímenes especiales.

La UNE recuerda que los nombramientos provisionales y contratos ocasionales sí están regulados por la LOSEP, lo que los convierte en blancos potenciales de despidos sin mayor trámite.

“Se abre la puerta para que la cesación de funciones dependa únicamente de la decisión de la autoridad nominadora, sin necesidad de sustento técnico ni evaluación objetiva”, afirmó la UNE.

¿Retornarán las movilizaciones y protestas?

Ante este panorama, la UNE y el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) preparan acciones legales y movilizaciones ante esta situación que ellos determina como "injusta". 

La organización ya presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Integridad Pública y anticipó que, en las próximas horas, se dará a conocer un plan de acción para enfrentar las reformas.

“Estamos dispuestos a ser evaluados con criterios técnicos, no bajo parámetros subjetivos y politizados. Esta es una lucha por los derechos laborales y la dignidad del servicio público”, concluyó el Comité Ejecutivo Nacional de la UNE.

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