#DéjameDecidir: nueva iniciativa para legalizar el aborto por violación

Las redes sociales bajo el hashtag #DéjameDecidir transmitieron la propuesta de tres organizaciones civiles a la Asamblea Nacional: una reforma al Código Integral Penal (COIP). Eso es lo que se pide y no es la primera vez que se lo hace con el mismo objetivo: despenalizar el aborto por violación. Antes, estuvo Yosoy65.com, una iniciativa generada en 2014, pero con la misma meta.

Lo que se pone en debate es si el COIP debe abrir las dos posibilidades que ya hay de abortar sin ser sancionada:

Si se ha practicado para evitar un peligro para la vida o salud de la mujer embarazada y si este peligro no puede ser evitado por otros medios.

Si el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer que padezca de discapacidad mental.

Eso es parte de la ley y está en el artículo 150 bajo la categoría de “aborto no punible”. Antes de que se apruebe y mientras este texto se debatía en 2013, fundaciones y activistas también reclamaron para que esa posibilidad de abortar no les sea dada solo a mujeres violadas, embarazadas y con discapacidad mental. En ese entonces no lo consiguieron y ahora, regresan con estadísticas para mostrar el por qué es necesario.

-20.052 niñas menores de 14 años tuvieron su primer hijo entre 2008 y 2018, en contexto de una violación.

-128.995 adolescentes entre 15 y 19 años tuvieron su embarazo en medio de violencia sexual y/o violación.

-En los últimos tres años 13.969 mujeres fueron violadas. En promedio, 11 violaciones a mujeres por día.

Estas cifras son parte del justificativo de las 3 organizaciones que acudieron a la Comisión de Justicia de la Asamblea para que el diálogo sobre el tema se reinicie. “Consideramos que es absolutamente violatorio a los derechos Humanos, que a las mujeres se les obligue a parir de violadores”, dijo Virginia Gómez, como una de las proponentes de las reformas al COIP.

Las fundaciones que intervienen en esta iniciativa son el Frente de Mujeres, Fundación Desafío, Coalición de mujeres y colectivo de Mujeres con Voz.

¿Qué más hay en el COIP sobre el aborto? Pues se habla de aborto consentido y no consentido. Entonces cuando ocurre contra la voluntad de la mujer, quien se lo provoque puede ir preso de 5 a 7 años. En cambio, si es la embarazada quien da su aprobación para abortar, “será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a dos años”, según dice la norma.

El aborto, sin embargo, es un tema ampliamente discutido y en el que no nos terminaremos de poner de acuerdo.

Solo en 2017 cuando el Ministerio de Salud Pública (MSP) difundió un memorando, el MSP-2017-0790-M, bajo el cual se exigía y recordaba los centros de salud la obligación que tienen de “atender de manera oportuna a las mujeres que lleguen con procesos de aborto en curso o con consecuencias de aborto ya realizados”, (como dice la misma aclaración que sacó el MSP) se mal interpretó la disposición como una oportunidad de abortar libremente. Eso era falso y errado.

En 2017 también fue publicada una investigación: El aborto, una creciente preocupación de salud pública en Ecuador, un análisis basado en la población de 10 años y se difundió una película de una médica y guionista española, Xiana Yago: Las mujeres deciden.

El análisis de esa investigación académica, liderada por Esteban Ortiz Prado, es que las provincias donde más se producen abortos son Pastaza, Pichincha, Guayas, Galápagos y Esmeraldas. La película muestra que a pesar de la ilegalidad de abortar, las mujeres se lo practican de manera clandestina e insalubre.

Para este 2018, #DéjameDecidir le toca la puerta a las leyes y a la ciudadanía. El aborto vuelve a estar en boca de todos.