La inacción o la falta de reparación en los casos de abuso y violación a menores de edad es una cruda realidad en el país. El testimonio de Jorge Palacios es el más claro ejemplo, pues su caso aún está en etapa de instrucción fiscal. Él es uno de los sobrevivientes de César Cordero, exsacerdote acusado de pederastia en centros educativos de Cuenca.

“Cuando teníamos unos 10 o 12 años ya éramos muy viejos para él”, relató.

Su caso se hizo público en 2010 y luego en 2018. Nunca tuvo una reparación más que una escueta disculpa de la iglesia. Por este y otros casos, la Defensoría del Pueblo inició una investigación para dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe de la Comisión Ocasional Especializada Aampetra.

Según César Córdova, defensor del Pueblo, esta investigación concluirá con un informe con información solicitada a la Fiscalía, Ministerio de Educación, entre otros.

Se busca tener un registro de los casos denunciados, judicializados y sentenciados, así como la evaluación y seguimiento a los protocolos de salvaguarda para prevenir y gestionar casos que se registren en las federaciones deportivas, artísticas, culturales, escuelas e iglesias; y sobre todo, los mecanismos de reparación a las víctimas.

Las cifras son desalentadoras: entre enero de 2015 y abril de 2018 se registraron 4.564 casos de violencia sexual solo en espacios educativos. Pero en cuanto se abre el espectro a otros espacios la cifra sube a 7.531.

Córdova dijo que de cada cuatro niñas abusadas o violadas solo se presenta una denuncia. “Con los niños es peor y de cada 10 violentados solo uno ha podido denunciar. Incluso por un tema de machismo”, agregó.

La investigación se realizará con a Coalición Contra el Abuso Sexual a la Niñez (Cocasen), compuesta por familias de víctimas de violencia sexual desde 2017.