La oposición intenta reactivar un juicio político contra el vicepresidente, sin funciones, Jorge Glas, quien cumple desde la noche de este lunes una orden de prisión preventiva, dictada a raíz de nuevos indicios de su presunta implicación en el caso de sobornos de la firma brasileña Odebrecht.

Los bloques de opositores se pronunciaron a favor de la consulta popular planteada por el primer mandatario ecuatoriano, Lenín Moreno. Además, la bancada legislativa inició la recolección de firmas para que la Asamblea Nacional censure al segundo mandatario quien se encuentra en la Cárcel 4 de Quito.

De acuerdo con Fabricio Villamar, asambleísta por CREO, el veredicto del juez Miguel Jurado les da la razón, pues hace cuatro meses plantearon la necesidad de desarrollar este proceso. El movimiento afirma que presentarán nuevos fundamentos para conducir a Glas a un juicio político.

En julio pasado, el Consejo de Administración Legislativa archivó, por mayoría de votos, un primer pedido para enjuiciar a Glas, a quien se considera responsable político de hechos ocurridos en los sectores estratégicos, en los que se investigan supuestos casos de corrupción.

A la iniciativa de CREO se unieron los asambleístas de otras organizaciones como el movimiento Cambio Positivo y SUMA. Mientras tanto, el segundo mandatario se mantiene firme en negar cualquier relación con la red de sobornos de Odebrecht en el país.

¿Qué es un juicio político?

Es un proceso de orden constitucional que tiene como fin hacer efectivo el principio de responsabilidad de los funcionarios públicos por un mal desempeño de sus funciones.

A diferencia de un juicio penal el juicio político requiere el dictamen de la Corte Constitucional para la destitución del cargo de un alto funcionario público, mientras que en el penal, tiene como fin sancionar con prisión el delito que este funcionario pudiera haber cometido.

El proceso a seguir

Para dar inicio a un juicio político, se requiere ingresar la solicitud correspondiente. Dicha petición debe estar respaldada por toda la evidencia documental disponible.

Luego el presidente de la Asamblea Nacional la pone en conocimiento del Consejo de Administración Legislativa (CAL) y una vez verificado el cumplimiento de todos los requisitos, debe remitirla a la Corte Constitucional para el dictamen de admisibilidad. De ser aceptado el pedido, se lo debe poner nuevamente en conocimiento del CAL para oficialmente dar inicio al trámite.

Según el artículo N°29 de la Constitución del Ecuador, se podrá proceder al enjuiciamiento político en los siguientes casos:

1. Por delitos contra la seguridad del Estado.

2. Por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito.

3. Por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia.

Una vez presentadas las pruebas de descargo por el acusado, la Constitución establece que las diversas causales deben presentarse a solicitud de al menos una tercera parte de los miembros de la Asamblea Nacional.

Aunque para proceder con un juicio político no es necesario el enjuiciamiento penal previo, en caso de que el proceso derive en responsabilidades penales, se deberá poner el asunto en manos de un juez.

Algunos casos destacados en el Ecuador

1997. Abdalá Bucaram fue el primer presidente de la República destituido en un juicio político. Fue acusado de incapacidad mental para ejercer su cargo al frente de la presidencia.

2010. Washington Pesántez fue llamado a juicio político por un bloque liderado por la asambleísta María Paula Romo, bajo las acusaciones de incumplimiento de funciones y responsabilidades específicas dentro de la etapa preprocesal y procesal penal entre otras causas.

2011. Gloria Sabando, durante su desempeño como superintendenta de compañías fue acusada de negligencia en el ejercicio de sus funciones, por el entonces asambleísta oficialista Rolando Panchana.