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Reportaje
Adolescentes son atraídos por el 'narco'
A pesar del riesgo de muerte, ciertos adolescentes se involucran en grupos criminales. En Guayaquil, operarían -sobre todo- en el sur de la ciudad.
Era la noche del 31 de octubre y mientras algunos niños recorrían casas para jugar al ‘dulce o truco’, un clásico del Halloween, tres adolescentes debatían si ir o no a la fiesta de una amiga, en la Isla Trinitaria, en el sur de Guayaquil.
Sin embargo, sus anhelos acabaron cuando desde un taxi unos sujetos empezaron a dispararles. Dos de ellos huyeron, pero el tercero no. Resbaló, cayó y fue abatido en el piso, aunque él no fuera el objetivo.
El menor de edad a quien querían matar salió librado, al igual que un grupo de siete infantes que estaban a pocos metros de la escena, de acuerdo a lo narrado por testigos.
¿El motivo del atentado? Una posible retaliación de un crimen ocurrido una noche anterior, por la venta de drogas. Esa una de las hipótesis que se indagaba, informa el jefe distrital de la Policía, coronel Francisco Zumárraga.
Para Daniel Pontón, decano de la escuela de Seguridad y Defensa, del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), existen menores de edad que forman parte de una nueva subcultura criminal cuya base es el narcotráfico.
“En los años 50 esto no existía. Solo se los veía involucrados en delitos convencionales (como robos y hurtos), influenciados por personas cercanas, pero lo que ahora vemos es muy diferente”, sostiene. Pontón señala que el narcotráfico ‘inyecta’ dinero y hace que los adolescentes sientan un falsa sensación de progreso.
“Estos chicos, generalmente, no son de un estrato social bajo ni de hogares mal estructurados, como se pudiera pensar. Aquí se marca la diferencia entre chicos de la calle y en la calle. Los primeros no tienen hogar y buscan la forma de sobrevivir. Los otros tienen casa, pero buscan algo más: respeto, reconocimiento y dinero fácil, para adquirir lujos que no obtendrían fácilmente por la vía legal”, añade.
Para alcanzar esos propósitos, tras ser reclutados, primero son adiestrados para el cometimiento de asesinatos, menciona César Peña Morán, fiscal multicompetente de Guayas.
Es por eso que para escalar cometen delitos considerados menores (asaltos, por ejemplo) y luego ejecutan asesinatos o sicariatos (muertes por pagos).
“Ellos podrían cometer uno o diez crímenes, pero serán sancionados de la misma forma, porque la pena máxima que contempla el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia es de 8 años de internamiento. Además, por ser considerados vulnerables, pueden pedir la revisión de sus medidas aún después de la sentencia”, explica el fiscal.
El funcionario también detalla que, por mandato legal, debe prevalecer el interés superior del menor de edad. Es por eso que la mayoría termina cumpliendo medidas socioeducativas. Peña aclara que los casos de menores son reservados y que nadie ajeno al proceso puede conocer los detalles.
“En caso de que un policía detuviera a un adolescente reincidente y mencione eso en el parte, el agente puede ser sujeto de investigación, porque está prohibido. Nadie puede hacer mención de antecedentes de menores”, afirma.
Esos beneficios legales impulsarían a la contratación de adolescentes para cometer crímenes, sobre todo en el sur de Guayaquil, el sector más conflictivo de Ecuador. Así lo precisa el comandante zonal, general César Zapata. Él también sostiene que “el denominador común para las muertes violentas” es el tráfico de drogas.
El jefe policial se reserva la cantidad de casos con menores de edad involucrados, pero reitera que se concentran en el sur, aunque también tiene una hipótesis: que desde ese lugar salen a otros distritos a asesinar.
Zapata menciona que eso es un problema y por eso, para él, hay necesidad de crear leyes más contundentes que apunten a la rehabilitación de los adolescentes. Por eso, analiza la elaboración de una propuesta de ley.
Con él concuerda Hernán Ulloa, vocal del Consejo de Participación Ciudadana. Su propuesta, en cambio, es que los adolescentes, de entre 15 y 18 años, sean sancionados como adultos.
“Nuestra legislación se mantiene en la posición tradicional de la inimputabilidad de las infracciones cometidas por adolescentes. Pienso que es algo caduco e irresponsable con la ola de adolescentes que cometen delitos muy graves. Reciben reducciones sustanciales, a pesar de múltiples víctimas o de reincidencias. No hay proporcionalidad”, argumenta el consejero.
No obstante, no es algo tan sencillo, opina Daniel Pontón: “no es la primera vez que se busca esto, pero hay barreras para quienes lo han querido hacer, por los tratados internacionales de protección a los menores de edad. Promover algo así nos podría llevar a problemas”.
Además, alega que las penas, sean mayores o menores, son un factor que en la actualidad no tendrían mucho peso, porque los infractores no llegan a las agrupaciones criminales solo porque de ellos busquen un beneficio legal, sino porque realmente quieren formar parte de lo que les ofrecen, aún conociendo el riesgo.
“Buscan una vida de consumismo, en la que puedan adquirir todo lo que quieran, aunque sepan que su vida puede ser corta”, comenta.
Pontón dice que se debería apuntar a programas de prevención del delito, orientado a las narcoculturas, porque en la actualidad todos se basan “en teorías viejas. ¿Cómo hacerlo? Es algo muy complejo, pero hay que analizar la forma, porque en la actualidad, en estos adolescentes, el narcotráfico se constituye en su forma de vida”.
Peligrosos y en las calles
El pasado 20 de agosto, en la cooperativa Cristal, del Guasmo, en el sur porteño, un adolescente fue detenido por su presunta participación en tentativas de asesinato, pero luego no se pudieron conocer las medidas tomadas en su contra, por la reserva que existe.
Pero él no ha sido el único aprehendido por delitos contra la vida, pues también hay otros que ‘cayeron’ por muertes en el mismo distrito. Y aunque no revela la cantidad, el general Zapata afirma que existen “varios” adolescentes peligrosos con medidas socioeducativas en las calles.
Es por eso que ha reforzado la seguridad en el Guasmo, no para dejar los crímenes en cero, porque es algo complicado, sostiene el oficial, pero sí para reducir los crímenes cometidos en el sector y que dejarían un ‘sabor’ a impunidad.