El plazo para acceder a los beneficios de la Ley de Alivio Financiero concluye el próximo 30 de junio de 2025. Así lo recordó este jueves la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), que exhortó a la ciudadanía a realizar los trámites relacionados con licencias, matrículas u otros servicios antes de esa fecha, especialmente si existen infracciones pendientes de pago.

A través de un comunicado oficial difundido el 19 de junio, la entidad advirtió que, a partir del 1 de julio, los valores actualizados con recargos volverán a reflejarse en el sistema del Servicio de Rentas Internas (SRI), lo que implicará costos adicionales para quienes no hayan regularizado su situación.

Condiciones y alcance del beneficio

El alivio económico ofrecido por esta normativa permite renovar licencias de conducir y matrículas sin pagar intereses por mora, recargos ni multas acumuladas por infracciones de tránsito. Esto ha sido posible gracias a la Ley de Alivio Financiero, que fue promulgada en diciembre de 2024 y cuyo reglamento fue publicado en el Registro Oficial, por lo que actualmente se encuentra vigente.

Según lo establecido en esta legislación, los usuarios pueden acogerse a una condonación total de los intereses y multas por tributos gestionados por la ANT y el Servicio Público para Accidentes de Tránsito (SPPAT). Para ello, se requiere cancelar al menos el 30 % del valor pendiente hasta la fecha límite.

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Renovaciones sin recargos y regularización urgente

Hasta la fecha estipulada, los ciudadanos pueden realizar sus procesos de renovación de licencia y matrícula sin enfrentar los recargos adicionales que normalmente se generan por pagos fuera de plazo. La ANT informó que las Direcciones Provinciales a escala nacional están habilitadas para emitir las órdenes de pago correspondientes y facilitar turnos para los trámites.

Con esta medida, la entidad busca evitar aglomeraciones de última hora y garantizar que los usuarios puedan completar sus gestiones dentro del plazo establecido. Desde el 1 de julio, se activarán nuevamente los recargos legales que corresponden a quienes no hayan regularizado su situación.

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