Las imágenes dieron la vuelta al país: una estudiante, con uniforme escolar, es lanzada contra el suelo y golpeada en reiteradas ocasiones, en el parque Itchimbía, en el centro de Quito. Gritos, pisotones, halones de cabello. Todo frente a un grupo de jóvenes que, al parecer, no intervinieron para evitar la brutal agresión. Alguno grababa. Nadie la detuvo.

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Mientras el país debatía si se trataba de una riña escolar o un acto criminal, el caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía, según informó el Ministerio de Educación. Y mientras las investigaciones avanzan, EXTRA contactó con el fiscal César Peña, para solicitar un análisis sobre el caso, que es público, incluso viral en redes sociales. 

Tras revisar las grabaciones, el especialista dio su punto de vista, a manera de análisis: probablemente no se trataría solo de un caso de lesiones o acoso escolar, sino de algo mucho más grave.

Tras describir cómo la víctima fue golpeada “no solamente con sus puños, sino también contra un objeto contundente duro que es el piso”, Peña señaló que la agresora la “arrastra” y “ya estando en completa indefensión, la sigue golpeando hasta ocasionarle lesiones en todo su cuerpo y más que todo a nivel de su cara”.

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Este nivel de violencia, incluso cuando la víctima ya no ofrecía resistencia, hace que el hecho pueda ser investigado como una tentativa de asesinato. Según sus palabras, “aparentemente hasta pretender quitarle la vida”.

La presunta agresora de estudiante no estaba sola

Aunque Peña indica que la agresora sería la autora directa del acto, su análisis también considera la posible responsabilidad de los presentes. “Quienes están colaborando con ella, quienes le están indicando que la siga golpeando, que la siga maltratando, que la siga frustrando… y obviamente las personas jóvenes que estén allí firmando, también tienen participación”, afirmó.

Aquí el fiscal introduce un criterio jurídico clave: la responsabilidad no se genera únicamente por acción, sino también por omisión. “Estas personas estarían actuando con actos secundarios directos para el cometimiento de esta infracción. Podrían ser investigados en calidad de coautores o cómplices de este delito”.

¿Cuál podría ser la sanción contra la presunta agresora de estudiante en Quito?

El fiscal Peña recordó que al tratarse de personas menores de edad, la sanción máxima sería de hasta ocho años de internamiento preventivo, conforme al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia.

El análisis no implica una acusación formal, pero marca una ruta de lo que podría suceder: la Fiscalía puede ampliar su investigación no solo hacia quien golpeó, sino hacia quienes, por acción o por omisión, facilitaron que el ataque ocurriera sin freno.

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