Las imágenes no solo indignaron al país: también activaron una reflexión jurídica de fondo. El fiscal César Peña Morán, al revisar detenidamente el video viral de la agresión contra una estudiante en el parque Itchimbía, no dudó en analizar el hecho como algo más que una simple riña escolar. Para él, lo ocurrido podría constituir un grave delito penal: tentativa de asesinato.

En un análisis del caso para EXTRA, el fiscal describió paso a paso lo que evidenciarían las imágenes:

“Se puede observar la actuación de una estudiante menor de edad, en calidad de victimaria, quien golpea brutalmente a otra joven —también menor— no solo con los puños, sino contra un objeto contundente: el piso”, señaló Peña Morán. 

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Y añadió: “La lanza del cabello, la arrastra, y cuando ya está en total indefensión, la sigue golpeando, sobre todo en el rostro”.

El análisis del fiscal plantea que más allá de una infracción escolar, este caso podría ser investigado por tentativa de asesinato. ¿La razón? La persistencia de la agresión incluso cuando la víctima estaba sin capacidad de defensa, lo que, a juicio del fiscal, revela una posible intención de causarle la muerte.

Asistentes podrían ser señalados como cómplices

El jurista fue más allá al referirse al entorno del ataque. En el video, se escucha a varios jóvenes gritando e incluso alentando la violencia. Ninguno interviene. Varios graban.

“Quienes están colaborando con ella, quienes le indican que siga golpeando, que continúe con el maltrato, también tienen participación”, afirmó Peña. “Y las personas que graban y no hacen nada también podrían ser consideradas coautoras o cómplices del delito”.

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En ese contexto, explicó que la responsabilidad penal no solo se genera por acción directa, sino también por omisión. “No actuar para evitar un delito, cuando se tiene la posibilidad, también puede constituir una infracción”, subrayó.

¿Qué sanción podrían enfrentar los menores de edad?

Aunque la dureza de los hechos y del análisis jurídico es evidente, el fiscal recordó que todos los implicados son menores de edad. Por tanto, en caso de que se confirme un delito y haya un proceso judicial, la sanción máxima sería de hasta ocho años de internamiento preventivo, según lo estipulado en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia.

Este análisis del fiscal Peña Morán marca un giro importante en el enfoque que inicialmente se le dio al caso, tratado por algunos como un tema de disciplina escolar. Ahora, con el análisis jurídico en la mesa, el sistema de justicia deberá determinar si se trató de una simple agresión o de un delito mayor.

Mientras tanto, la sociedad observa, exige respuestas y se pregunta: ¿cuántos casos similares han quedado sin sanción solo por no haber sido grabados?

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