La Contraloría General del Estado (CGE) detectó posibles delitos en más del 50 % de las declaraciones patrimoniales juradas revisadas a servidores del sistema judicial ecuatoriano. Así lo informó el contralor general Mauricio Torres el lunes 7 de julio de 2025, durante su intervención ante la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional.

Desde el 29 de noviembre de 2023, la entidad ha aprobado 110 informes de auditorías a fiscales, jueces y otros funcionarios judiciales. De ese total, 59 contienen indicios de responsabilidad penal (IRP) por inconsistencias injustificadas entre los activos y pasivos declarados. “Más del 50 % de estos informes evidencian irregularidades que pueden configurar posibles delitos”, puntualizó Torres ante los legisladores.

El informe presentado por la CGE detalla que la mayoría de auditorías se realizaron en el Consejo de la Judicatura, con un total de 108 exámenes. De allí surgieron 57 informes con indicios penales. Actualmente se ejecutan otras 36 acciones de control en esa entidad y hay 6 más por iniciar. Las auditorías abarcan a servidores judiciales de nueve provincias: Azuay, Galápagos, Guayas, Loja, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas y Zamora Chinchipe.

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En la Fiscalía General del Estado, en cambio, se aprobaron dos informes con indicios penales. Están en marcha 24 auditorías adicionales y una más está por iniciar. Las provincias intervenidas son similares a las del Consejo de la Judicatura, aunque con menor cobertura.

Más allá de la Función Judicial

El contralor también informó que su administración ha ampliado las acciones de control patrimonial a otros sectores del Estado. Desde noviembre de 2023 hasta la fecha, se han aprobado 134 informes sobre declaraciones patrimoniales de servidores públicos fuera del sistema judicial, de los cuales 45 incluyen indicios de responsabilidad penal. En paralelo, 161 auditorías están en curso y se han planificado otras 16 para el segundo semestre de 2025.

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Entre los servidores auditados se encuentran funcionarios de la Asamblea Nacional, altos mandos de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, personal del Gobierno Central, Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs), empresas públicas estratégicas e incluso personal de la propia Contraloría General del Estado.

Tecnología para evitar discrecionalidad

Uno de los aspectos más destacados de la intervención fue la explicación del contralor Torres sobre el uso de inteligencia artificial en la planificación de auditorías. Señaló que la CGE ha implementado modelos de aprendizaje automático y análisis de datos para detectar anomalías en los patrimonios declarados por los funcionarios.

Estos sistemas analizan componentes como cuentas bancarias, inversiones, bienes muebles e inmuebles, así como deudas y otros pasivos. Para garantizar imparcialidad, se utiliza el enmascaramiento de nombres y cédulas, de modo que el sistema identifica casos sospechosos sin conocer la identidad del servidor público evaluado.

“Este método elimina la discrecionalidad en la selección de declaraciones a examinar y permite enfocar los esfuerzos de control en los casos que presentan mayores alertas”, explicó Torres.

Con estas acciones, la Contraloría busca combatir la corrupción desde uno de sus frentes más sensibles: el uso indebido del patrimonio público por parte de quienes administran justicia y ocupan cargos de poder.

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